Acabamos de pasar un año más de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo 2020 ha sido un año donde estos no han dejado de tener presión desde el poder desde distintos estados y justamente deberían ser las comisiones estatales de Derechos Humanos quienes deberían cumplir con su objetivo principal para las que fueron creadas que es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Desafortunadamente, esto no ha ocurrido por lo menos en dos casos, una la del Estado de México, que incluso solicitó a la Fiscalía estatal fueran desalojadas sus oficinas en una toma realizada por víctimas, lo cual pudimos ver a través de redes sociales en vivo, fue hecho con violencia hacia las manifestantes, la segunda es la Comisión del Estado de Puebla que desde la toma del Congreso del día 30 de noviembre, que la Coordinadora Feminista de Puebla (una red de mujeres diversas) ha denunciado la falta de presencia para levantar las denuncias correspondientes de violación de derechos humanos, que van desde acoso policial, falta de atención médica en una emergencia hasta la falta de seguridad a su integridad física. Estas omisiones por parte de quienes deben de ser garantes, desde mi punto de vista, tiene que ver con quienes dirigen estos organismos, que carecen en principio de un compromiso ético con la defensa de los derechos, que han sido cuestionados por su trayectoria y su cercanía con el poder como es el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, José Felix Cerezo Velez, mismo caso de quien preside el organismo homólogo en el Estado de México, Jorge Olvera García, a quien los medios de comunicación han ligado con la Estafa Maestra (desvíos de recursos a través de instituciones educativas).
Un caso que debemos resaltar es del buen desempeño de la Comisión del Estado de Quintana Roo, que en apego a sus objetivos y compromiso ha estado pendiente y respaldando la toma del Congreso estatal, pero que debido a ello a ocurrido lo inimaginable, legisladores locales han pedido su renuncia ¡El Día de los Derechos Humanos! por este apoyo a la red femininista quintanarroense y a las personas afectadas el día de la marcha donde hubo disparos con arma de alto calibre por parte de la policía estatal y municipal.
Y así, podríamos irnos, también con lo que ocurrió en Hidalgo hace dos años, en la que en la terna había personas mejores calificadas para presidirla, pero prevaleció el amiguismo y cercanía con el poder para darsela a Alejandro Habib, que hasta ahora podríamos calificar de gris su gestión, que particularmente he tenido que redactar un oficio para que personal de ese organismo acompañe las marchas de feministas como ocurre en la CDMX (sin tener que solicitarselo) porque es presidida por una excelente y comprometida ombudsperson, Nashieli Ramírez.
¿Qué pasa con las comisiones estatales de Derechos Humanos? Pasa que deben dejar de ser un “premio” y ser presididas por personas verdaderamente comprometidas para garantizar nuestros derechos.
