Proveedores del Estado no deben valerse de terceros: PRD
El diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Martínez Gómez, propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo para evitar que las empresas registradas en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado no dependan de terceros para ofrecer sus servicios.
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El legislador local explicó que con la finalidad de evitar algún tipo de fraude por parte de los proveedores y contratistas e incluso la corrupción por parte de servidores públicos, se busca sancionar a quienes falseen o alteren información con la finalidad de verse beneficiados.
“Derivado de lo ocurrido en días pasados, en los que el gobierno entrante descubrió que al menos el 8 por ciento de los proveedores y contratistas compraban productos en plataformas digitales, que luego revendían al Estado hasta 300 por ciento más caro” explicó.
Además, dijo, al menos 40 empresas registradas en el padrón de proveedores llegan a presentar hasta 86 actividades comerciales distintas y que muchas más no cuentan con domicilios, empleados o incluso mercancías.
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Por lo anterior, propuso adicionar a la Ley ya referida que se pueda cancelar el registro de aquellas empresas que no cuenten con mercancías y las obtengan de plataformas digitales o terceros para revenderlas a precios elevados, que tengas más de un giro comercial registrado sin contar con las mercancías, domicilios, empleados o servicios que dice prestar y documentación que lo ampare.
La inscripción al padrón de proveedores es un trámite que permite dar de alta a una persona física o moral interesada en mantener una relación cliente- proveedor con el Gobierno del Estado, es decir, dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados.
Para ser proveedor del estado es requisito pertenecer a este padrón o listado, el cual es administrado por la Dirección de Adquisiciones a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, y permite identificar giro, datos fiscales y documentación que ampara la personalidad jurídica de los empresarios que están registrados para vender a gobierno.
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