PROPUESTA PRESIDENCIAL ELECTORAL

Sin ser explícita, la afirmación de Germán Martínez no dejó lugar a dudas: la intención del candidato Andrés Manuel López Obrador era modificar el sistema electoral. Fue el 14 de junio de 2018, cuando las encuestas ya apuntaban al triunfo del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, postulado por tercera ocasión a la Presidencia de la República.

“No existe la justicia electoral local en México, ningún tribunal local resuelve una disputa en definitiva”, dijo quien acudía en representación de aquella alianza partidaria al foro “Federalismo Mexicano. El problema no resuelto”, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Y enfatizó: Hay que rediseñar eso de alguna manera.

Después de la elección que dio el triunfo inobjetable al ahora presidente de México, empezó a hablarse de una reforma electoral que incluiría la desaparición de los institutos y tribunales de las entidades federativas con el argumento de su costo e ineficiencia, y la propuesta de concentrar sus funciones en sus similares federales, el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para entonces no se habían cumplido seis años de la reforma surgida del Pacto por México que dio facultades al INE de intervenir en las elecciones y nombrar consejeros/as locales, al Senado para designar magistrados/as,  y separó del Poder Judicial estadual a la jurisdicción de la materia, decisiones tomadas a contrapelo de la distribución de competencias del sistema federal constitucional.

Ha transcurrido la mitad del sexenio. Las baterías parecían enfocadas  a  modificar la estructura del INE, a partir del permanente desencuentro del Ejecutivo federal, al que siguió el del Legislativo, por las decisiones del Consejo General, y en particular con su presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, acentuadas por las tomadas para llevar a cabo el procedimiento de Revocación del Mandato recién incorporado a las disposiciones constitucionales.

Fue hasta los días finales de marzo cuando el presidente López Obrador anunció la inminente presentación de la Iniciativa de reforma constitucional a las normas electorales y adelantó tres propuestas: elección directa de consejeros y magistrados –generadora de las reacciones más críticas-, reducción del presupuesto asignado al organismo y, eliminación de legisladores de representación proporcional.   

El argumento presidencial es ”… que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática, y también que se garantice el voto libre, secreto, que  no haya fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto, el pueblo va a elegir de forma directa, se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo.”  La fórmula anunciada es la postulación de 20 candidatos por cada uno de los tres poderes de la Unión, de ciudadanos, dijo,  verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, y la Presidencia para quien más votos obtenga.

Esperemos la Iniciativa para saber si es extensiva a los órganos estatales: congresos, consejos y tribunales. Sería lógico al adoptarse el modelo en el orden federal; o tendremos otra actitud antifederalista  que confirme su desaparición. A todo esto ¿qué opinan legisladores/as, consejeros/as, magistrados/as que ahora los integran?

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