La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza propuso al Congreso del Estado abrogar la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado al considerar que se encuentra rebasada ante el contexto social actual, y en su lugar, expedir la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado.
Refirió que las disposiciones de la legislación actual han quedado desfasadas frente a los estándares actuales de derechos humanos pues no reconoce de manera plena a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, lo que impide que ejerzan de forma efectiva su autonomía, particularmente en aspectos fundamentales como el gobierno indígena, la administración directa de recursos públicos y la toma de decisiones sobre su desarrollo.
Además, refirió que su Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas, ha operado en la práctica como un mecanismo restrictivo debido a la necesidad de cumplir con criterios predeterminados generando barreras para el acceso a derechos, excluyendo a comunidades que, aun siendo indígenas, no han sido reconocidas administrativamente.
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Asimismo, en el tema de la consulta indígena, la regulación actual resulta insuficiente y, en ciertos aspectos, contraria a los estándares internacionales pues condiciona su validez a porcentajes de participación o reduciéndola a ejercicios informativos, lo que desnaturaliza su carácter de derecho colectivo orientado a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos.
De igual forma, indicó que el reconocimiento de los sistemas normativos internos y de la justicia indígena carecen de una regulación robusta que garantice su plena validez jurídica y su articulación en condiciones de
igualdad con el sistema de justicia estatal.
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La misma ley tampoco considera aspectos como el territorio, la protección de la bioculturalidad, la propiedad intelectual colectiva, la comunicación indígena, la igualdad de género y el acceso a derechos como la salud, sino que únicamente se mencionan de manera dispersa, limitada o insuficientemente desarrollada.
Tampoco se incorpora el concepto de gobierno indígena como expresión del ejercicio de la libre determinación, lo que invisibiliza las formas propias de organización política de los pueblos y limita su reconocimiento como verdaderas autoridades públicas en el ámbito comunitario.
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