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Para que las personas deudoras alimentarias, sentenciados por violencia sexual, familiar, o por violencia política no puedan ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público, diputadas locales propusieron al Congreso del Estado establecer esta prohibición en la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
La iniciativa presentada por las legisladoras señala que al incorporar esta suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme por la comisión dolosa de estos delitos, se garantiza que sean personas que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres.
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Ello, incluyendo delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y quien es declarado como persona deudora alimentaria morosa.
El proyecto presentado se da en seguimiento al decreto aprobado por la Cámara de Senadores en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público y tras la petición de hacer lo propio en los Congresos locales.
De esta manera las legisladoras presentaron la propuesta que busca adicionar un artículo 17 Bis, para establecer quienes serán las personas que no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Estableciendo que serán quienes tengan sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la Integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual.
Así como por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
A la propuesta se sumaron los diputados locales de las diferentes bancadas partidistas asegurando que se busca garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus modalidades.
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