Durante los últimos años, el impuesto predial ha enmarcado una discusión recurrente en el contexto del análisis y evaluación de las finanzas públicas locales. En términos generales, existe cierta unanimidad al afirmar que la ineficiencia en la recaudación de dicha contribución es provocada por la falta de voluntad política, cuestiones metodológicas, infraestructura deficiente y la incapacidad institucional de los gobiernos locales. Por ello, en diversos foros técnicos se ha planteado la necesidad de repensar su estructura.
Conforme a información publicada por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, en 2019 la recaudación de predial en México representó tan solo el 0.3% del PIB, lo que coloca a nuestro país en el nivel más bajo de todos los países miembros de la OCDE. Incluso, nos encontramos por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe (0.8%), en donde países con economías similares como las de Argentina y Brasil, sobrepasan el promedio del 2%.
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Desde la fundación de Tenochtitlan, el impuesto predial ha estado presente en la historia de nuestro país y no fue sino hasta la época posrevolucionaria que el impuesto se formalizó y cobró mayor relevancia. Desde la creación del “impuesto del uno al millar” a iniciativa del presidente Álvaro Obregón en 1922, el cobro del impuesto predial dependía de las entidades federativas en un esquema de cobro centralizado. Posteriormente, en 1982 se reformó el artículo 115 de la Constitución, a efecto de otorgar por vez primera a los municipios la potestad de cobrar dicha contribución.
En la actualidad, el modelo utilizado para el cobro del predial funciona de forma descentralizada: los municipios son los encargados de su recaudación. Sólo en el caso de la Ciudad de México -debido al precedente de su naturaleza jurídica- se mantuvo el esquema de cobro centralizado para efectos de su recaudación, lo cual ha derivado en una mejora relevante en materia de administración y cobro del impuesto.
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En tal contexto, resulta relevante advertir que Quintana Roo, Querétaro y la Ciudad de México fueron las entidades que más predial recaudaron como porcentaje de su PIB en el año 2020, con 0.72%, 0.64% y 0.61%, respectivamente. En contraste, Campeche y Tabasco fueron los estados que menos predial recaudaron, con 0.04% y 0.06% respectivamente. En ese sentido, y en el marco de la evidencia existente en cuanto a las múltiples disparidades en su recaudación, durante los últimos años se ha determinado que el predial ha sido mal aprovechado y la centralización de su modelo podría significar una mejora significativa para los estados y municipios.
En tales circunstancias, no pasa desapercibido que desde el 2016 en el Congreso se ha dado cauce a una iniciativa para expedir la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. Dicha pieza normativa implicará un nuevo y renovado impulso a las finanzas públicas de los Municipios, habida cuenta de que la ineficiencia en la recaudación del impuesto predial deriva en gran medida del desorden imperante en materia de registro catastral. Tal instrumento -en caso de ser aprobado- habrá de sumarse a los esfuerzos emprendidos para potencializar las capacidades institucionales de los Municipios, en beneficio del fortalecimiento y sostenibilidad de sus haciendas públicas.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
