PRD Hidalgo: Partido destinó 1 mdp para gastos de automóviles que ya no tiene

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo destinó un millón 074 mil 067.12 pesos por concepto de gasolina y refacciones para cuatro automóviles; esto, a pesar de que ya no cuenta con ninguno, pues fueron dados de baja de su registro de bienes. 

El dictamen consolidado sobre el informe de gasto anual realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló que el 25 de febrero de 2022 autorizó la baja de los vehículos Pointer, Platina y Eco Sport, por lo que el 28 de septiembre se registró la baja de los activos. 

No obstante, durante la revisión del gasto del ejercicio fiscal 2021 en el acta de verificación del activo fijo levantada el 16 de diciembre de esa anualidad se estableció que el equipo de transporte se encontraba descompuesto y en el taller mecánico, a excepción de un Corsa, el cual se encontraba en un litigio jurídico por robo en contra de César Lemus Arias, en su momento secretario de Movimientos Sociales, sindicales y del campo del partido político. 

Aunque el Sol Azteca señaló que los vehículos aún formaban parte del parque vehicular en 2022, ya que fueron dados de baja hasta septiembre de ese año, el instituto resolvió que se encontraban en mal estado, por lo que no pudieron ser utilizados por el partido. 

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Además, la Secretaría de Hacienda de Hidalgo notificó que el sujeto obligado no cuenta con registro de vehículos a su nombre. “Por tales situaciones, no se justifica que el combustible haya sido suministrado a los vehículos propiedad del partido”, ya que fue erogado un millón 028 mil 073.12 pesos en gasolina. 

Por otra parte, el partido destinó 45 mil 994 pesos para refacciones y mantenimiento de los vehículos; con eso fue adquirido un motor para un vehículo Captiva, pero en el sistema de la UTF no se localizó orden de servicio o documentación similar que permitiera verificar a qué vehículo se realizó el mantenimiento ni a cuáles fueron destinadas las demás refacciones. 

Sin embargo, el PRD manifestó que el mantenimiento se realizó a los vehículos que fueron dados de baja por total depreciación y obsolescencia, con el fin de que se encontraran en mejores condiciones para su posterior venta. 

Más gastos sin justificación 

El partido también fue observado por el destino de 201 mil 020.40 pesos para gasolina que, si bien entregó el recurso a las personas que llevaron a cabo una comisión y estas entregaron las facturas correspondientes, las cargas de combustible fueron en un mismo establecimiento, por lo que el pago debió cubrirse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio. 

Asimismo, se detectó que les fue entregado recurso a personas que no se encuentran en la nómina del partido; aunque fueron entregados nombramientos y oficios de comisión firmados por Yalitza Rivera Mendoza, secretaria General del partido, en donde señala la designación de personas en la coordinación local en diferentes municipios, dicha coordinación no existe en la normativa del partido y los documentos están firmados con fecha de septiembre de 2021 sin vigencia ni temporalidad, por lo que no puede vincularse con el ejercicio 2022. 

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Por otra parte, el partido erogó 830 mil 981.86 pesos por la compra de equipo de cómputo, sonido y video; papelería, consumibles de impresión y cómputo; persianas; refacciones, accesorios y herramientas, material eléctrico; mantenimiento de edificios; mobiliario y equipo; mantenimiento de equipo de cómputo; gel antibacterial y cubrebocas; 82 lonas y 451 libretas.  

Lo anterior fue adquirido a Sergio Castro Palomares, quien, según el contrato, ocupó un puesto en el PRD como titular del Departamento de Servicios Generales; no obstante, el partido aseguró que era conserje, apoyaba en la apertura y cierre del comité y en algunas ocasiones apoyaba en áreas del comité; pero solo estaban reportadas como personal de intendencia dos mujeres. 

El contratar a la persona derivó en una falta del partido, ya que los funcionarios y servidores públicos están impedidos de proveer a la institución en la que laboran o hay intereses personales, económicos o financieros. 

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