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La Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral impulsaron una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo, al cumplirse un año de la reforma constitucional que reconfiguró la integración y funcionamiento del PJF.
La iniciativa fue entregada a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, durante un acto realizado en la sede de la Suprema Corte y encabezado por las personas titulares de los cuatro órganos que integran el Poder Judicial federal.
Entre los cambios planteados destaca la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, instancia que busca consolidar un mecanismo permanente de coordinación entre las distintas instituciones judiciales.
La propuesta también redefine atribuciones del Órgano de Administración Judicial en materia administrativa y presupuestaria, con el objetivo de fortalecer su función como órgano coordinador y, al mismo tiempo, garantizar que cada institución cuente con mayores capacidades para atender sus responsabilidades.
En el caso de la Suprema Corte, se contemplan disposiciones para regular la integración de sus secciones conforme a la reforma constitucional, así como las reglas para conformar el Comité de Evaluación del PJF que participará en la elección judicial de 2028, bajo criterios de paridad de género e inclusión.
Para el Órgano de Administración Judicial se proponen mecanismos que aseguren la continuidad de los servicios ante ausencias o vacantes, además de facultades para realizar cambios de adscripción de personal dentro de un mismo circuito judicial. Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial fortalecería sus capacidades de investigación mediante una unidad especializada y el uso de herramientas tecnológicas.
En el ámbito electoral, la iniciativa devuelve a la Sala Superior del TEPJF la facultad de resolver conflictos laborales con su personal, además de establecer ajustes para la organización de los procesos de evaluación y la elección judicial. Las instituciones promoventes señalaron que las reformas buscan consolidar el nuevo modelo judicial a partir de la experiencia acumulada durante el primer año de implementación de la reforma constitucional.
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