Un centenar de trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio como parte de las movilizaciones a nivel nacional en expresión al rechazo a las nuevas reglas de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 al considerar que se pone en riesgo la continuidad de sus empleos.
Los inconformes expresan que los criterios publicados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), dejan parte de la calificación a valoraciones subjetivas de superiores y compañeros de trabajo, lo que no garantiza un adecuado proceso ni el respeto de sus derechos laborales de más de 300 empleados en el caso de Hidalgo.
Bajo el grito de “No es evaluación, es intimidación” se movilizaron durante la mañana del viernes sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio en Pachuca hasta llegar a la altura del puente atirantado donde retornaron de vuelta a las instalaciones del Poder Judicial, situación que generó circulación lenta en ambas direcciones.
De acuerdo con las reglas de Evaluación del Desempeño publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la evaluación ordinaria comprenderá el desempeño observado durante los doce meses inmediatos anteriores al inicio del proceso de evaluación.
Una vez realizada, y con base en la información recabada, la Escuela Judicial llevará a cabo el análisis integral del desempeño y elaborará el informe institucional correspondiente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la conclusión de la aplicación de los cuestionarios y del examen.
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Dicho informe deberá contener, de manera expresa y desagregada, los puntajes obtenidos en cada uno de los factores de evaluación, la calificación porcentual total del desempeño conforme a lo establecido en el presente Acuerdo General, así como el nivel de desempeño correspondiente.
Finalmente se establece que cuando la persona evaluada obtenga un resultado de estándar de desempeño no alcanzado, podrá solicitar, por una sola ocasión, la realización de un examen extraordinario de competencias, de lo contrario, tendrán derecho a interponer un recurso de revisión.
Según los trabajadores, este nuevo mecanismo vulnera sus derechos laborales porque no existe garantía de un adecuado proceso de evaluación, además de no considerar su antigüedad o experiencia profesional.
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