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En un contexto donde la lucha contra el nepotismo se ha vuelto un tema central en la administración pública, el presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Santiago Tulantepec, Juan Francisco Peza Olvera, mantiene a dos de sus sobrinas dentro del gobierno que encabeza su esposa, la alcaldesa Yanet Fernández Fernández.
De acuerdo con el directorio publicado en la página oficial de la administración municipal, la hija de la hermana de Juan Francisco Peza Olvera, Ingrid Massiel Flores Peza, ocupa el cargo de directora de Turismo.
Por otro lado, la hija de su primo, Yossie Olvera Pérez, se desempeña como directora del Centro de Atención Infantil (CAI), una dependencia a cargo del DIF, institución que preside el tío.
Este último nombramiento resulta particularmente controvertido, ya que Olvera Pérez ya había dirigido el CAI durante la administración 2016-2020, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad de su nombramiento en el actual gobierno.
A pesar de las políticas impulsadas a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es erradicar el nepotismo en las instituciones públicas, la situación en Santiago Tulantepec parece contradecir estos esfuerzos.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Hidalgo establece que se considera nepotismo cuando un servidor público utiliza su posición para designar o intervenir en la contratación de personas con las que tenga lazos de parentesco, lo que incluye consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo grado.
Falta de transparencia en sueldos del gabinete del gobierno municipal de Santiago Tulantepec
En medio de este presunto caso de nepotismo, también hay falta de transparencia en el gobierno de la morenista Yanet Fernández, pues el sitio web oficial del Ayuntamiento no proporciona información sobre los sueldos de los integrantes de su gabinete.
Esta opacidad no se limita únicamente a las remuneraciones de los funcionarios, sino que también se extiende a otros aspectos cruciales de la gestión pública. Los procedimientos de licitación, que son fundamentales para garantizar la competencia y la equidad en la asignación de contratos, no han sido debidamente publicados.
Además, el gasto relacionado con la remodelación de la oficina de la alcaldesa se mantiene en la penumbra, lo que suscita interrogantes sobre la correcta utilización de los recursos públicos.
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