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De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2024, en Hidalgo el mayor número de quejas provienen de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas privadas de la libertad, pues de las 770 quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), 52.9% corresponden a esos tres sectores de la población.
La estadística del Inegi reveló que el año pasado 201 mujeres iniciaron su expediente en el organismo autónomo, mientras que en 112 casos las víctimas fueron menores de edad y en 95 fueron presos recluidos en Ceresos de la entidad.
Por otra parte, también ingresaron quejas 40 personas adultas mayores, 24 personas con discapacidad, dos en contexto de movilidad, 16 de la diversidad sexual, una persona que vive con adicciones, dos en situación de calle, seis periodistas, dos defensoras de DH, una de minorías religiosas, cinco de pueblos y comunidades indígenas, entre otros.
Asimismo, los resultados refieren que, de las 770 quejas analizadas, 76 fueron abiertas de oficio al considerar la comisión que era evidente la violación a derechos humanos; mientras que en 50 casos se declaró incompetente y 380 quedaron pendientes, toda vez que presentaban imprecisiones o no reunían los requisitos legales o reglamentarios, siendo imposible que la omisión fuera subsanada.
Entre los derechos presuntamente violados y denunciados ante la CDHEH, destacan la omisión de brindar medidas efectivas de protección, violación al derecho a la integridad y seguridad personales, violación al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, detención arbitraria, violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, violación a los derechos laborales individuales y colectivos; y violación a otros derechos educativos y culturales.
Aunque también se plantearon, en menor medida, otros hechos violatorios, como desaparición forzada, al derecho a la vida, tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes; negativa o inadecuada prestación de servicios públicos; negativa, restricción u obstaculización de la adecuada protección judicial; violación a la garantía de audiencia pública; incomunicación o aislamiento; incumplimiento de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o visitas domiciliarias; negativa u omisión para proporcionar intérprete a las personas que lo necesitan; transgresión del derecho a una defensa adecuada; al derecho de información detallada sobre la causa de la detención.
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Por otra parte, respecto a los sueldos que perciben los trabajadores de la comisión estatal, los datos del Inegi detallan que solo un directivo gana entre 40 y 45 mil pesos mensuales; mientras que el resto ronda entre los 5 mil y los 30 mil pesos.
Sin embargo, cabe recordar que, de acuerdo con el tabulador de remuneraciones en la CDHEH, la presidenta del organismo autónomo, Ana Karen Parra Bonilla percibe más de 73 mil pesos mensuales, lo que no se dio a conocer para el estadístico del instituto.
MHO
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