Mesura y respeto en el sexto “Diálogo”

Digamos, no hay sexto malo. A diferencia de los cinco anteriores hubo mesura en las expresiones vertidas, y respeto en su recepción, no obstante las notables diferencias, en el dedicado a los tribunales locales.

Acorde al carácter de la ciudad, en Puebla el tono fue notablemente diferente, hasta elegante, como es deseable la discusión sobre un tema de tal relevancia para la nación. Así lo marcaron con sendos discursos de apertura los legisladores Navor Rojas e Ignacio Mier. Lo complementó el reconocimiento del gobernador poblano a los servidores del Poder Judicial.

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En igual sintonía cada intervención de las representaciones de la judicatura local. Sin aspavientos ni hostilidad, puntualizaron observaciones a la iniciativa presidencial, con sensatez, conocimiento, sólida argumentación y, lo más importante, alternativas para darle viabilidad sin transgredir las normativas  nacional y convencional, y evitar una alteración contraria al objetivo de mejorar la impartición de justicia.

Con sentido propositivo, el magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB, anunció la suma a las coincidencias e hizo seis proposiciones para resolver la elección de juzgadoras y juzgadores de forma gradual a partir de cargos vacantes, con respeto a la carrera judicial,  capacitación adecuada para las personas electas, sin remociones antes de la vigencia de la reforma, combate a  corrupción y nepotismo.

El magistrado Raúl Juan Mendoza Unzón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, atendió a la magnitud de la propuesta de elección para sustituir la  totalidad de personas depositarias actuales del Poder Judicial del país, e igual propuso la gradualidad para ello.

Otras voces de la judicatura local apuntaron a valorar la abundante experiencia acumulada en la justicia local, la cantidad de los asuntos a resolver, y la calidad como lo hace, la necesidad de aumento presupuestario a los órganos judiciales de las entidades federativas en proporción al volumen de asuntos sometidos a su jurisdicción.   

Al abordar lo relativo a la propuesta de crear los tribunales de disciplina judicial, la magistrada Rebeca Aladro Echeverría presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, enfatizó la prioridad, al momento de separar esa función de los actuales  Consejos de la Judicatura, de no rebasar el límite de la independencia judicial, al establecer sus facultades. Precisión fundamental en el debate.

Seria y fundamentada la intervención del magistrado José Faustino Arango, visitador del Consejo de la Judicatura Federal.  Cuestionó, a partir de la experiencia personal, los cómo, porqué y para qué la reforma judicial, aludió a la necesidad de incluir en la reforma a fiscalías y policías locales, fortalecer en ese espacio la carrera judicial, abatir el rezago y adecuar las leyes.  

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Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia, sin precisar la opinión de su futura jefa, justificó la elección directa de juzgadoras y juzgadores, subrayó urgencia de sustituirles,  restó importancia a experiencia jurisdiccional y  solicitó propuestas  para hacerla en corto plazo.

También importantes planteamientos de Susana Gabriela Camacho, de México Evalúa, y del senador Eruviel Ávila, por su experiencia como gobernador del Estado de México, respecto del impacto económico de la reforma en los presupuestos estatales.

Inteligencia para variar, respeto a divergencias, argumentos para disentir, propuestas de mejora, abonan a mejor decidir.

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