Me da risa o el fondo de la forma
Desde lo regional
Pudiera quedar en lo anecdótico, pero el sentido de la expresión rebasa los titulares de los medios. Vista en su contexto la frase es añeja, está en esa película vieja que contiene cientos, miles de imágenes, unas de actitudes públicas otras de situaciones privadas que durante años caracterizaron la relación de la Federación mexicana con los estados que la integraban en eso que pomposamente se llamó “Pacto Federal”, y que precisamente por aquellas características históricas se volvió un modelo peculiar del principio constitucional del Federalismo: una simulación para decirlo con claridad.
Proporcionalmente al engrosamiento del presidencialismo con lo que Jorge Carpizo denominó las facultades metaconstitucionales, la soberanía de las entidades federativas disminuyó hasta pervertirse en una subordinación de gobernadores y legislaturas. El nombramiento de los primeros por el presidente de la república conforme al escalafón partidario y las conveniencias políticas y/o personales, y la composición monocromática de las segundas, aseguraron el funcionamiento sin alteraciones durante décadas.
Mientras el guión se ejecutaba conforme al acuerdo tácito que lo sostenía, incluidas las concesiones otorgadas desde el centro, el sistema funcionó. Los gobernadores mantenían el orden doméstico, equilibraban las fuerzas locales, manejaban con discrecionalidad la tesorería y controlaban los ayuntamientos. Con la mayor diligencia asumían las directrices nacionales y consultaban arriba antes de tomar sus decisiones más importantes. El límite de ese poder era su propia sucesión.
Un director general de la administración federal era suficiente para gestionar la relación con los gobiernos estatales; en casos extraordinarios la llamada telefónica de un subsecretario los resolvía y, excepcionalmente había la intervención de un secretario de despacho. La palabra presidencial no se desgastaba, se conocía y sentía en las decisiones irreversibles, la desaparición de poderes por ejemplo, vía el Senado.
La controvertida elección presidencial de 1988 trajo un relevo generacional de la clase gobernante. El joven presidente expresó públicamente que viejos actores políticos regionales, notoriamente algunos gobernadores, debían dejar paso a la nueva élite dada su incapacidad para reaccionar ante los conflictos. Y los santones provincianos se cayeron.
Si todo eso sucedía así, es entendible que a los altos funcionarios federales les causara risa el pronunciamiento de un gobernador, más si lo era de un estado poco influyente.
La introducción en 1994 de las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia fue uno de los primeros mecanismos jurídicos para modificar aquel trato avasallador al abrir la posibilidad de modificar por la vía legal las afectaciones a entidades federativas y municipios alegadas por sus autoridades.
El quiebre definitivo –antes lo hubo en algunas gubernaturas- por sus mayores efectos políticos y económicos, fue la alternancia en el Ejecutivo federal del año 2000. La ecuación empezó a cambiar. Desde los gobiernos locales hubo nuevas reglas impuestas ahora desde la periferia al centro. Surgió una suerte de independencia política a la que siguió la económica cuando la asignación de recursos se empezó a negociar directamente en la Cámara de Diputados.
