LENGUAJE CLARO Y DERECHO A COMPRENDER

Empezó como una propuesta para permitir la comprensión inmediata del lenguaje sin dejar lugar a dudas. Se originó ante el reiterado  uso mecánico  de las palabras, poco entendible de tan rebuscado y repetitivo en la redacción, al grado de su dificultad para transmitir lo necesario o cuando menos lo deseable. Resultado: la tergiversación de conceptos, la repetición de lugares comunes, y de ahí al alejamiento de las personas destinatarias  del mensaje con sus graves consecuencias.

Ejemplo clarísimo de lo anterior es el lenguaje empleado por la abogacía en las muchas instituciones y diversos procedimientos donde los conocimientos jurídicos son requeridos y aplicados.

Las añejas y obsoletas formas se repiten, permanecen sin alteración en un ambiente de constante cambio donde las generaciones más jóvenes desechan estilos rancios para comunicarse de forma rápida y concreta, sin expresiones ampulosas ni rebuscadas.

Las nuevas vías de comunicación imponen precisión y fluidez en el mensaje, en obvio de tiempo para su comprensión. Y no solo sucede en el lenguaje jurídico. La demanda crece en todos los espacios: los medios masivos de comunicación, la ciencia, la política  y el arte.

Atendido inicialmente en el espacio judicial, en tanto afectaba a las y los justiciables por la incomprensión generada en los contenidos de las actuaciones y resoluciones judiciales, se trasladó por lo mismo a las administraciones públicas, cuyas comunicaciones y determinaciones no siempre son transmitidas de manera entendible.

Esa realidad ha traído, en consecuencia, una rápida evolución del tema, más allá de lo estrictamente lingüístico. Ahora está en el ámbito de los  derechos: el derecho a comprender, inscrito en la cultura de la legalidad, por un poder ejercido sin abusos para la ciudadanía, mediante el conocimiento de las leyes.

Esa y otras motivaciones llevaron a la Real Academia Español, RAE, a impulsa la creación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, RED-PHLEC, constituida el  22 de junio de este año, teniendo como escenario inaugural la Corte Suprema Justicia de Chile, institución comprometida con el propósito en el mundo hispanohablante.

La Academia Mexicana de la Lengua se adhirió ya al mecanismo cuyo objetivo es promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro en las respectivas organizaciones firmantes, así como en los organismos del Estado, con miras a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos estatales, promover la transparencia, la probidad, rendición de cuentas, participación y el acceso a la información pública.   

La RAE ha señalado al denominado derecho a comprender como una cuestión de crucial importancia para mejorar las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, al observar en juego el derecho de las personas a comprender las leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia,  supeditado a la lengua inteligible y accesible para todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad o diversidad funcional por cualquier razón.

Adelantémonos las y los hidalguenses en la inscripción del derecho a comprender en el catálogo de derechos humanos de nuestra Constitución estatal. Tendríamos la mejor vía, por su rango constitucional,  para impulsar el uso del lenguaje claro. Fortaleceríamos nuestro desarrollo  democrático generando  una innovadora gestión de los poderes y organismos públicos, ayuntamientos y medios de comunicación.   El tiempo de la alternancia es  propicio, es tiempo para innovar.   

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