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Por presuntos actos de violencia política en razón de género, nepotismo, existencia de aviadores y uso indebido del poder, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez adelantó que ingresará la petición de proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez.
De acuerdo con la diputada de Nueva Alianza Hidalgo, el alcalde ha violentado los derechos políticos de varias regidoras a quienes ha señalado de estar en contra del desarrollo del municipio con el objetivo de desviar la atención de los actos de corrupción generados en su administración.
Refirió que ya existe una denuncia formal en contra del alcalde por violencia política en razón de género pues “ha vertido comentarios discriminatorios y descalificativos en contra de las regidoras, acusándolas de no ser fieles del proyecto de la 4T… busca desacreditarlas públicamente”, expresó la diputada.
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Lo anterior, radica en que parte del cabildo ha evidenciado actos de corrupción y nepotismo en el ayuntamiento como la contratación de personal con vínculo familiar directo, entre ellos la contralora municipal y el director de obras públicas, quien además tiene antecedentes penales por desvío de recursos.
A esto se le suman irregularidades en la nómina y plantilla de personal con nombres inexistentes o personas que no acuden a laboral, realización de eventos públicos con sobrecostos, omisiones fiscales, entre otras acusaciones.
“Como diputada iniciaré el proceso de juicio político en contra del presidente ya que existen suficientes elementos que muestran que ha cometido faltas graves que afectan el buen funcionamiento del ayuntamiento y dañan los derechos de las regidoras”, refirió la legisladora.
Tras lo expuesto, el pleno del Congreso del Estado aprobó de manera urgente emitir un exhorto al edil para abstenerse de actos que puedan considerarse violencia política, o uso indebido del poder.
No obstante, también se solicitó a la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado a investigar las denuncias por nepotismo, contratación indebida, omisión de declaraciones fiscales, existencia de aviadores y cualquier otra irregularidad en el ayuntamiento.
De igual forma, se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado a intervenir con medidas cautelares en favor de las servidoras públicas que han sido objeto de intimidación y acoso institucional, y garantice su seguridad e integridad para que puedan continuar ejerciendo su función pública sin amenazas ni represalias.
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