La riña que tuvo como saldo una persona fallecida en el CERESO de Pachuca me regresa a la reflexión de las condiciones en las que las personas privadas de la libertad se encuentran, no solo en Pachuca, sino en todo el estado y la república.
Sé que el tema nos genera incomodidad por varias situaciones. Por un lado, sabemos que vivimos en entornos donde la violencia ocurre en casi todos los espacios; eso nos hace sentir vulnerables y sabemos que el Estado ha fallado en la protección y garantía de una vida libre de violencia para todas las personas. Pero la impunidad es alta porque sabemos que obtener justicia en el sistema penal es prácticamente imposible. Los medios y las redes generan culpables de forma inmediata: cualquier persona imputada a la que se detiene bajo la figura de prisión preventiva oficiosa inmediatamente sufre una sentencia colectiva de la cual, incluso aunque después obtenga su libertad, es imposible librarse. Y también es de nuestro conocimiento el sinfín de personas que están privadas de la libertad de forma injusta, pero pesa más el señalamiento público. La impunidad genera una serie de emociones como enojo, furia, miedo [https://psynthesispsicologia.es/emociones/lista-10-emociones-negativas/] y asco [https://albertochavarino.com/emociones-negativas/] en contra de cualquier persona privada de la libertad. Así que nos resulta complejo pensar en los derechos que cualquier persona en esta situación tendría que tener garantizados.
Se dice que quien está en la prisión merece el olvido, merece podrirse, refundirse por haber generado daño. Un pensamiento totalmente contrario al propósito actual de los CERESOS, que es la reintegración de quien delinquió, y en el que no tiene cabida el horror de haber sido privado de la libertad de manera equivocada; ni siquiera podemos nombrarlo, porque en teoría esos errores no suceden, aunque sean el pan de cada día.
Alrededor de quienes habitan las cárceles están las familias que han encontrado estrategias para continuar cuidando a sus seres queridos, llevando dinero, alimentos, medicamentos e insumos básicos que no están garantizados. Exigir derechos fundamentales al interior de una prisión es casi imposible; por eso se convierten en noticia los amparos o las recomendaciones que las comisiones de derechos humanos emiten, en las que queda plasmada la podredumbre en la que se encuentran las personas en estos espacios.
Las cárceles no deberían existir. El punitivismo no debería ser la herramienta del Estado para hacernos creer que hacen algo para solucionar los problemas de nuestros sistemas.
La apuesta no debería ser crear más cárceles. No se necesitan más espacios de encierro; necesitamos repensar la política pública y las prácticas comunitarias para disminuir la violencia. Necesitamos apostar por la creación de otras formas de justicia para que el encierro de una persona no signifique un éxito en materia de seguridad.
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