A la especulación que se ha desatado sobre los alcances e implicados que pudieran tener las investigaciones del caso de la llamada “Estafa Siniestra”, hay documentos que son precisos sobre quienes estuvieron involucrados en el entramado, por ejemplo, del pago de los 144 millones de pesos a la empresa Aktaion Digital S.A. de C.V, por el presunto hackeo y recuperación de datos de estudiantes de la Secretaría de Educación Publicación, y en ellos sobresale el de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas y de Educación, Atilano Rodríguez Pérez, pero también de algunos funcionarios que hoy ocupan otras responsabilidades en la actual administración.
En el expediente del cual derivó la detención de Pablo Moreno Calva, exsubsecretario de educación, se anexan no sólo las facturaciones y comprobaciones de transferencias a la empresa privada, también la documentación firmada por quienes técnicamente autorizaron el proceso y administrativamente el pago de servicios que han sido considerados por la Unidad Especial encargada del citado maxi proceso, como incensarios y una simulación para desviar recursos.
Por ejemplo, hay tres documentos claves, uno de ellos dirigido a Jessica Blancas ex titular de Finanzas, donde Rodríguez Pérez, le solicita los recursos para el pago a Aktaion Digital S.A. de C.V por los 144 millones de pesos, a que su vez el exsubsecretario Pablo Moreno, le había pedido mediante un oficio de la dependencia.
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La cadena no termina ahí, pues entre las pruebas en poder del juez de control de Pachuca Luis Raúl González Becerra, existe también el soporte de las transferencias bancarias que fueron autorizadas por la actual Subsecretaria de Administración y Finanzas, Maricarmen Margarita Mandujano Cerrilla, quien, en el gobierno de Omar Fayad, se desempeñó como tesorera de Recursos Financieros, subordinada directa de Morena Calva.
En su conjunto, según la teoría del caso expuesta por la Unidad Especial Encargada de la “Estafa Siniestra”, todos los involucrados solo recibieron la indicación para realizar los procedimientos para solventar y “pagar” a la supuesta empresa fachada Aktaion Digital S.A. de C.V., los 144 millones de pesos, pues los verdaderos beneficiarios son los integrantes del llamado grupo de poder de la pasada administración, y es justo este último eslabón que dicen, cerrarán con la detención de dos ex secretarios y una ex secretaria, cuya firma está en prácticamente todos los expedientes de desvió que se investigan.
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De mi tintero… Ya que andamos en temas de irregularidades educativas, las que están vigentes y han denunciado los trabajadores, son las que ocurren en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, pues a través de una denuncia a la contraloría estatal señalaron el caso de nepotismo en el que incurre el rector Guillermo Mejía Ángeles, quien mantiene en la nómina a su primo David Aguilar Ángeles como jefe del departamento de mantenimiento y servicios Generales… La Procuraduría Estatal, no quiere que se politice el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo así que mantiene con sigilo las investigaciones de enriquecimiento ilícito y peculado que involucran no sólo al exrector Adolfo Pontigo, sino a varios funcionarios actuales de la máxima casa de estudios, a quienes dicen, detendrían con todo y amparos, para ejemplo lo ocurrido con el líder del Grupo Universidad Gerardo Sosa, hoy bajo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada por 58 millones de pesos y que fue detenido con todo y suspensiones… habrá que ver…
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