Las dos caras de una moneda
Agujeros Negros
El primer día de Junio, seis días antes de la jornada electoral pobladores de Xuchitlán, San Salvador acudieron a manifestarse a Pachuca para exigir la realización de una obra.
El saldo se conoce dos policías lesionados y un manifestante gravemente herido por una granada lacrimógena, por cierto el policía que realizó el disparo fue vinculado a proceso y ningún civil detenido o responsabilizado.
Dirigentes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el presidente municipal de San Salvador Armando Azpeitía enfundados en chalecos partidistas acusaron al gobierno de represor y exigieron castigo a los agresores, pidiendo la destitución de los secretarios de Seguridad y de Gobierno.
Este discurso fue aplicado por la mayoría de los candidatos de Juntos Haremos Historia en la fase final del proselitismo.
Días después, se conoció un oficio de la Secretaría de Obras Públicas al alcalde donde se informa que los recursos presupuestarios se redireccionaron al combate a la pandemia y sugiere realizar sólo obras priiritarias.
También apareció la factura de la empresa que rento 7 autobuses y un mínibus al ayuntamiento de San Salvador por 35 mil pesos para trasladar a los manifestantes de Xuchitlán a Pachuca, prueba de que la protesta se «armó» en el ayuntamiento.
Pasadas las elecciones nadie habló del tema, ni del estado de salud del herido grave, lo que confirma que la manifestación tuvo fines electoreros, aunque no se sabía que iba a terminar tragicamente.
Contraria a esta reacción es el silencio sepulcral de quienes utilizaron el acontecimiento electiralmente acusando al gobierno de represor.
Concretamente el de las diputadas electas Sandra Simey Olvera Bautista y Lisset Marcelino Tovar, que mantiene boca cerrada con relación al presunto feminicidio del que se acusa a 7 policías municipales de Progreso de Obregón.
Ninguna de las legisladora reelectas y menos la dirigencia morenista ha condenado la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, detenida ilegalmente por los policías municipales tras un incidente de tránsito, donde ella había aceptado su responsabilidad y prestó ayuda a los afectados, lo que ha causado indignación de toda la sociedad que se ha manifestado quemando mobiliario del ayuntamiento y en otras ciudades del estado.
Las críticas a las legisladoras es mayor porque siendo mujeres ni siquiera han pedido una investigación seria para castigar conforme a Derecho a los responsables.
O será porque el presidente municipal Armando Mera Olguín es su correligionario y su silencio respalda la postura de este que ante la prisión preventiva a los policías acusados del presunto feminicidio de la doctora Beatriz en un comunicado acusó «persecución política».
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