La salud del Presidente
Hay en la historia contemporánea del presidencialismo francés un episodio protagonizado por el gran estadista François Mitterrand cuando, después de su muerte, se hizo pública la decisión de ocultar el grave diagnóstico de su salud aludiendo una razón de Estado, incluida la imposición de la secrecía para el equipo médico responsable.
El tema era haber ocultado el padecimiento de Mitterrand en los días previos a las elecciones para la reelección, pues quizá eso hubiera evitado prolongación inédita de su mandato por catorce años.
La controvertida develación de la verdad giraba en torno a las implicaciones políticas si se hubiera dado a conocer en el momento de su detección. A partir de entonces se abrió en Francia un examen acerca de la honestidad intelectual y política del mandatario. Pasados los años la descalificación no fue suficiente para demeritar al veterano político. Su legado era superior.
A la discusión política se añadió la opinión científica de las afectaciones corporales en la adecuada toma de decisiones desde el poder, aspecto ahora con mayor posibilidad de información, gracias al avance de las neurociencias.
En México el caso más reciente se remonta a la sorpresiva muerte del presidente Benito Juárez, hace ciento cincuenta años. Desde entonces, una de las características del presidencialismo mexicano fue la inalterable salud de los primeros mandatarios, y solo trascendidos, nunca desmentidos, filtraron alguna información sobre eventuales trastornos.
Única fue la publicidad por una intervención oftálmica al presidente Díaz Ordaz minimizada con las imágenes de su estancia en el Hospital Central Militar. En los sexenios siguientes, desde Los Pinos, se informó de algunas afecciones y accidentes sufridos por los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, sin mayor trascendencia.
Al respecto cabe mencionar la ausencia de disposición constitucional para regular situaciones de esa naturaleza, es decir no existe normatividad obligatoria a la publicidad o reserva de la situación. Por otro lado están los derechos a la intimidad o reserva de los datos personales de cualquier persona. Debate sí lo ha habido en tanto se trata de la principal figura pública y su salud física y mental quedan en el ámbito de la seguridad nacional.
La reciente filtración de información reservada vuelve a colocar el concepto en la mesa de la discusión y de inmediato genera opiniones, la mayoría argumentadas desde la coyuntura y la especulación, lo cual merma su objetividad.
Esa eventualidad merece un debate serio, documentado, de derecho nacional y comparado. De entrada cabe discutir la obligatoriedad o no de informes médicos en el registro de candidaturas, privados o institucionales, su secreto o apertura, y la revisión de los mecanismos constitucionales vigentes para la sustitución en la jefatura del Estado. Y, obligado, la viabilidad de una vicepresidencia.
De antes se percibe una opinión mayoritaria por hacer público el estado de la salud presidencial. Conviene detallar pros y contras pues su alcance no queda en la condición física de una persona, las repercusiones son para el Estado, evidente colisión de derechos humanos personales y colectivos, cuyas proporciones rebasan lo mediático.
Súmese a la agenda la natural extensión de similar regulación para los cargos individuales de elección, locales y municipales y, muy importante, a los de facultades jurisdiccionales, ministeriales y policiales, estaduales y federales para seguridad de las y los justiciables.
