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En un mundo donde demasiados gobiernos se justifican por el comportamiento de los mercados o por la disciplina fiscal a cualquier costo, varias experiencias recientes demuestran que es posible —y necesario— gobernar con otra prioridad: el pueblo, y especialmente quienes menos tienen.
Pedro Sánchez en España, Andrés Manuel López Obrador en México, Lula da Silva en Brasil y António Costa en Portugal no son intercambiables. Sus contextos, estilos y coaliciones son distintos. Sin embargo, compartieron una decisión de fondo: que la política económica y social se midiera, ante todo, por si mejoraba las condiciones de vida del pueblo y de los sectores más vulnerables. Y los resultados están documentados.
En España se elevó de forma sostenida el salario mínimo, se redujo la temporalidad laboral, se creó el Ingreso Mínimo Vital y se revalorizaron las pensiones. En México se universalizó y fortaleció la pensión para adultos mayores, el salario mínimo más que se duplicó en términos reales y la pobreza registró una caída histórica. En Brasil se salió nuevamente del Mapa del Hambre, el desempleo bajó a mínimos históricos y se ampliaron las transferencias del Bolsa Família. En Portugal, bajo el gobierno de António Costa, el salario mínimo subió más de 60 %, se crearon cientos de miles de empleos netos, más de 600 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza o exclusión social y se avanzó de manera significativa en la reducción del abandono escolar temprano.
En los cuatro casos, la evidencia apunta en la misma dirección: cuando el Estado decide que los que menos tienen no son una variable de ajuste, sino el centro de la política pública, la desigualdad puede retroceder y la cohesión social mejorar. Los aumentos al salario mínimo no destruyeron el empleo; lo acompañaron. Las transferencias directas no generaron dependencia permanente: ayudaron a millones de familias a superar umbrales de pobreza y a recuperar capacidad de consumo. Las reformas laborales y las políticas sociales, cuando se orientan a reducir la precariedad, generan bases más sólidas para el crecimiento de largo plazo.
Quienes califican esta agenda de “populista” o fiscalmente insostenible suelen omitir el costo de la alternativa. Un país con altos niveles de pobreza y exclusión paga más en inseguridad, en sistemas de salud saturados, en baja productividad y en conflictividad social. La austeridad que recorta primero al pueblo de abajo no es neutral; es una decisión política que concentra beneficios y externaliza los daños.
Por eso la continuidad de esta orientación no es un asunto de nostalgia ni de fidelidad a un líder. Es una necesidad. Los avances de estos gobiernos son reales, pero frágiles. Basta un cambio de prioridades —un recorte a las pensiones, un congelamiento del salario mínimo, un debilitamiento de los programas de transferencias— para que millones de personas regresen a la precariedad. La historia de América Latina y del sur de Europa está llena de ejemplos de progresos sociales que se revirtieron cuando el poder volvió a mirar primero hacia arriba.
Seguir la agenda del pueblo no significa renunciar al crecimiento, a la responsabilidad fiscal o a la eficiencia. Significa rechazar la falsa disyuntiva que durante décadas se nos presentó como inevitable: o se cuida la macroeconomía o se cuida al pueblo. Sánchez, López Obrador, Lula y Costa demostraron, con matices y limitaciones, que es posible hacer ambas cosas cuando existe voluntad política.
La pregunta de fondo no es si estos gobiernos fueron perfectos. Ninguno lo fue. La pregunta es si queremos volver a un modelo en el que el crecimiento llega tarde y de manera desigual, o si preferimos insistir en que el progreso se mida también —y principalmente— por cuántas personas dejan de pasar hambre, por cuántos adultos mayores tienen una pensión digna, por cuántos trabajadores recuperan poder adquisitivo y por cuántos niños pueden estudiar sin que su familia tenga que elegir entre el comedor y la escuela.
Esa es la agenda del pueblo. Y es sumamente importante que sigamos construyéndola. No porque sea fácil, sino porque las alternativas ya las conocemos. Y sus resultados también.
Por: Miguel Angel Tello Vargas
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