Justicia Colectiva: El histórico criterio de la SCJN por el derecho al aborto digno y garantizado 

Este lunes se vivió una sesión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsada por el trabajo colectivo que busca que el aborto sea un derecho pleno, garantizado y que pueda ejercerse con dignidad.

A pesar de que se ha avanzado en 25 estados de la República para dejar de considerar al aborto como un crimen parcialmente, esto no se ha traducido en tener disponibles servicios de aborto de la más alta calidad y, mucho menos, en que el Estado haga difusión de ellos. Por lo cual, aún hay personas que no saben a qué lugares pueden acudir, los requisitos o cómo vivirlo sin el acoso de los objetores de conciencia, etc. Todo ello es una violación al derecho a la salud y al derecho a decidir y, por tanto, una violación a los derechos humanos de las personas con posibilidad de gestar.

Por ello, en 2023, desde AbortistasMX junto a nuestras aliadas en Durango (Si hay mujeres en Durango), Campeche (ABC de la Justicia), Hidalgo (Di Ramona), Sonora (Marea Verde Nogales), Baja California (Las Borders y Siemprevivas), Baja California Sur (Las Calafias y Brujas Californias), Nuevo León (Necesito Abortar y Voces de Mujeres en Acción), Tamaulipas (Abortam, Mujer Manglar, Matamoros Decide, Frente Feminista Tamaulipeco, Xolotl, Boletín Abortero, Asesoría Jurídica Feminista), Veracruz (Perspectiva Jurídica Feminista y Marea Verde Altas Montañas), Yucatán (UNASSE), Quintana Roo (Siempre Unidas y Gobernanza), Chiapas (REJURCH, Aborta Libre), Chihuahua (Marea Verde Chihuahua, Cheros, Red Aborto Seguro Chihuahua y Morrxs Autonomxs), Oaxaca (Ixmucane y Mano Vuelta), Michoacán (Red Asaleas), Jalisco (Colectiva Emma Goldman), Morelos (Divulvadoras y la Campaña de Aborto Legal Morelos), Estado de México (Socialis) y Puebla (Solase y Red Feminista de Atlixco); emprendimos una estrategia legal en la cual personas con posibilidad de gestar de estos estados demandaron al Ejecutivo por no brindar servicios de aborto.

En este proceso, en el que promovimos más de tres decenas de juicios, empezamos a ver resultados distintos. En Chihuahua, Campeche y Oaxaca, los jueces nos dieron la razón y ordenaron a sus Ejecutivos implementar y difundir los servicios; pero en estados como Durango nos dijeron que no, que no era posible ordenar que se hicieran esas políticas públicas y que, además, como las personas no estaban embarazadas, no les afectaba la norma. En Derecho, las y los jueces no pueden resolver un mismo asunto de maneras diferentes, eso causaría un daño a las personas. Así que, al ver estos criterios tan distintos, le pedimos a la SCJN que nos dijera cuál de las dos posiciones era la correcta.

El ministro Hugo Aguilar estuvo a cargo del proyecto, en el cual decidió fijar el criterio de que, cuando las personas de forma colectiva demanden que en el estado no se está brindando ni difundiendo el servicio, entonces se les debe conceder el amparo no solo a ellas, sino a toda la población. Los ministros Figueroa y Guerrero, y las ministras Esquivel y Herrerías, hicieron comentarios buenos sobre el proyecto, pero destacamos al ministro Irving Espinoza, que tiene claro lo que el movimiento quiere y necesita: que el servicio esté disponible en todo el país porque los Códigos Penales no pueden estar sobre la Constitución.

También se resolvió el amparo de Tamaulipas, en el que logramos que se reconociera la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto y de la protección a la vida desde la concepción; así que pronto volveremos a esta tribuna a lograr que Tamaulipas sea el estado 26 en despenalizar el aborto, aunque a los conservadores y antiderechos no les guste.

La Corte refrendó su compromiso con el movimiento y nos dio un arma para luchar por un servicio de calidad; y si esto sucedió es gracias a la fuerza de los movimientos locales, a las que tengo la fortuna de llamar aliadas y caminar con ellas.