Diputado Edgar «N» ingresa amparo; asegura que buscan desaparecerlo

El diputado emanado del Partido del Trabajo (PT), Edgar «N», ingresó el pasado 21 de septiembre un recurso de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo en contra de diversas autoridades por la presunta incomunicación, privación ilegal de la libertad y posible orden de traslado o extradición y desaparición forzada de personas.

Sin embargo, el juez solo admitió la demanda respecto a la incomunicación y privación ilegal de la libertad de la que dice es objeto el quejoso, no así por los actos de desaparición forzada de personas, toda vez que el diputado fue debidamente localizado en el Cereso de Pachuca.

“Tan es así que ratificó la demanda promovida en su favor”, detalló el juez.

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No obstante, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que en el ámbito de su competencia investigue ese hecho para los efectos legales conducentes.

El legislador reclama del titular del Poder Ejecutivo federal, presidente de la República y otras autoridades dichos actos violatorios.

¿Por qué detuvieron a Edgar «N»?

El mismo día que detuvieron al petista se inició el expediente con número 1629/2023, luego de que en la madrugada del 21 de septiembre catearan un inmueble en el que se encontraba el legislador junto con una mujer y se hallaran armas de uso exclusivo del Ejército y droga.

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Aunque la audiencia inicial del diputado local estaba programada para llevarse a cabo el pasado sábado en los juzgados de control de Pachuca, esta tuvo que suspenderse.

En esa ocasión el petista argumentó que no entendía ni hablaba español a pesar de que hay evidencia de sus intervenciones en el Congreso local hablando este idioma.

El juez concedió que le asignaran un intérprete de lengua ñañú adscrito a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, pero debido a que la defensa se apegó a la duplicidad del término constitucional, será este miércoles cuando se defina su vinculación o no a proceso respecto al delito de narcomenudeo, pues el ilícito por uso de armas exclusivas del Ejército es competencia de un juez federal.

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