IRRESPONSABILIDAD SOCIAL

Nos acercamos a los ciento treinta y cinco mil fallecimientos por COVID19.  Probablemente esa cifra sea rebasada con la terminación del primer mes del año. Es la irremediable consecuencia de las compras y festejos decembrinos. De poco valieron las advertencias y los pronósticos, pesó más la fuerza de las tradiciones y el ánimo festivo característico del fin de año. Fue la negación de lo evidente. Quizá un escape después de diez meses de pandemia. En cualquier caso, un resultado desastroso.

Ahora estamos en la feria de las culpas: que si el ejemplo del presidente de la República, que si la estrategia del gobierno federal, que si el protagonismo del subsecretario, que si la deliberada omisión de los gobiernos locales, que si las irresponsabilidades de las presidencias municipales, que si la voracidad comercial, que si la inconciencia de la iglesia, que si la falta de solidaridad empresarial, que si la intransigencia de los partidos políticos, que si la necedad de la clase política, que si la falta de información, que si la crisis económica, que si el relajamiento de las medidas sanitarias, que si la vacuna no llegaba, que si los juguetes de los Reyes Magos; y así hasta el absurdo que si se van a morir quienes se tengan que morirse.

Poco se valoró el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que día tras día, noche tras noche, durante semanas y meses, se han entregado en los servicios hospitalarios para salvar nuestras vidas. Igual que en otros servicios públicos esenciales, solo posibles de cumplirse de manera presencial.

Pensemos, por ejemplo, en los servicios de recolección de basura que, de suspenderse inundarían las calles de desechos, y en la exposición para quienes los recogen.  En las y los policías con un desempeño en situaciones de conflicto y condición de vulnerabilidad por las circunstancias de peligro propias de sus responsabilidades; eso sin contar las agresiones que reciben cuando inhiben o desactivan reuniones de alto riesgo popular como fiestas o actividades donde el número de participantes asegura el contagio.

Sucede igual con otros servicios públicos como el suministro de agua o energía eléctrica y aquellos atendidos en espacios y oficinas que no siempre tienen las condiciones de seguridad sanitaria pues tampoco fueron diseñados para funcionar en emergencias como la actual.

El funcionamiento de los órganos impartidores de justicia e igual el de las instituciones de su procuración, ha sido modificado ante el doble peligro de ser receptores-transmisores del virus por el contacto directo con la población que los requiere. Servidoras y servidores públicos en esas actividades, están en una segunda línea de respuesta inmediata, solo después del personal hospitalario, puesto que los eventos atendidos por el Ministerio Público donde participan peritas, peritos y policías de investigación, tampoco tienen horario ni admiten posponer las actuaciones a realizar en el lugar mismo del hecho.

Visto así, estamos ante una triste realidad donde la solidaridad social está ausente. No hay una respuesta generalizada de apoyo, no solo a las personas en aquellas condiciones, tampoco a sus familias de muchas maneras también afectadas. No me refiero a un apoyo material -de eso si hay notables expresiones-, sino de una actitud a partir del propio cuidado personal para evitar la expansión del problema y así reducir la afectación de aquellos grupos tan vulnerables como indispensables para la población.

Estamos entonces ante la evidencia de un problema que obliga a preguntarnos qué debiera pasarnos para asumir una actitud, ya no digamos solidaria, responsable. Habrá respuestas sociales, jurídicas, económicas, antropológicas. En todas cabe razón y diferentes tonos. Con los resultados después de un año, pudieran adelantarse juicios históricos con criterios diversos sobre hechos concretos. En todos estará el comportamiento humano. No creo que la calificación sea buena.

A diferencia de otros gobiernos, el mexicano decidió privilegiar la libertad de la población, aún con las facultades constitucionales para restringirla por la magnitud de la emergencia. Las posibilidades de la arquitectura federal, en los estados y la Ciudad de México permitieron a las autoridades estatales y municipales matizar el esquema conforme las particularidades a resolver. Tiempo y consecuencias calificarán decisiones.

Por lo pronto la que merecemos como sociedad apunta a ser reprobatoria. Qué nos faltó, qué nos falló, empecemos a encontrar respuestas.