Informe plantea proteger las causas normalistas frente a infiltración delictiva

El informe “Estado en retirada”, presentado por el periodista Óscar Balderas en colaboración con Defensorxs y Narcodata, documenta la presencia de actividades delictivas vinculadas con personas que utilizan la identidad del movimiento normalista. La investigación plantea la necesidad de distinguir las demandas históricas de las Escuelas Normales Rurales de las acciones atribuidas a grupos externos.

Durante la presentación, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Balderas destacó la vigencia de las demandas de los estudiantes y recordó la exigencia de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pocos días de que se cumplan 12 años del caso.

La investigación utiliza la categoría de “falso normalista” para identificar a personas que se presentan como estudiantes o líderes normalistas sin formar parte activa de la comunidad estudiantil o que mantienen vínculos con estructuras criminales. De acuerdo con la investigación, estas personas pueden utilizar la identidad del movimiento para participar en saqueos, robos, bloqueos carreteros y otros actos ilícitos.

“Estamos a unos días de que se cumpla otro aniversario más del crimen de Ayotzinapa, y creo que nadie aquí discute la urgencia de exigir la presentación con vida de los 43 normalistas”, expresó. El periodista especializado en seguridad señaló que el propósito del trabajo no consiste en criminalizar las demandas históricas de los estudiantes.

“Hay que extraer al crimen organizado de estas demandas, quitarle la agenda al crimen organizado y devolvérsela a los estudiantes”, puntualizó Balderas. El informe señala que la presencia de estructuras delictivas puede aprovechar las condiciones sociales y económicas de comunidades donde existen Escuelas Normales Rurales.

La investigación documentó mil 61 eventos delictivos entre enero de 2021 y el 1 de abril de 2026, entre ellos saqueos, robos, bloqueos carreteros y privaciones ilegales de la libertad. Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla concentran 60 por ciento de los casos registrados.

También reveló que se estiman pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos para las empresas afectadas por eventos relacionados con los llamados “falsos normalistas”. El cálculo considera mercancías, daños a vehículos y otros gastos derivados, además de posibles repercusiones en las cadenas logísticas y en el precio final de algunos productos.

Sobre la respuesta de las autoridades, Balderas señaló que la impunidad constituye uno de los factores que permiten la continuidad de estas prácticas y estimó que llega hasta 99 por ciento en los casos analizados. “Tienes 10 veces más posibilidades de que si pones un negocio este se vaya a la quiebra, a que te agarre la policía si robas un camión”, expresó.

Durante el panel, Nancy Canjura, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, señaló que las Normales Rurales representan espacios de movilidad social para jóvenes de zonas rurales y sostuvo que el Estado mantiene una deuda con estas comunidades. Saulo Dávila, consultor senior en Integralia, planteó recuperar el control territorial sin criminalizar ni revictimizar a los estudiantes.

Por su parte, Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad, expuso el caso de Michoacán, donde señaló la existencia de bloqueos y boteos realizados por estudiantes normalistas. También afirmó que las Casas del Estudiante y otros espacios vinculados con las comunidades educativas pueden convertirse en zonas donde la autoridad evita intervenir por razones políticas.

“Estado en retirada” plantea identificar a los llamados “falsos normalistas” y aplicar la ley cuando existan elementos para acreditar delitos, con el propósito de separar las actividades criminales de las demandas de los estudiantes. Además, advierte que, sin una respuesta, dentro de 10 a 15 años podría consolidarse la presencia del crimen organizado en estos espacios y normalizarse la violencia alrededor de las comunidades normalistas.

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