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El pasado viernes 9 de enero, vecinos que viven en los alrededores del bulevar Santa Catarina cerraron esa vía de comunicación ante lo que juzgaron un retraso en su reconstrucción, la cual comenzó el pasado 17 de octubre y se prevé que concluya el 28 de febrero próximo.
El enojo de los vecinos proviene del caos que provoca la obra en esta transitada arteria, pues se ha tenido que limitar el flujo de automóviles a un solo carril, lo que dificulta el ya de por sí complicado paso por la zona.
El bulevar Santa Catarina es una vía que hace alrededor de una década fue modernizada y ampliada para conectar el bulevar Felipe Ángeles con la carretera Pachuca–Actopan, continuación del bulevar Colosio. En ese mismo periodo, el bulevar ha visto nacer varios fraccionamientos como Terranova, Valle del Sol I y II, Cartuja, Gema, Novovento, Paseos de la Plata y Real Madeira, cuyos habitantes protagonizaron las manifestaciones.
Se trata de desarrollos habitacionales de nivel medio alto, que ya se han organizado en otras ocasiones para protestar, por ejemplo, contra la construcción de un albergue para menores en situación de migración en esa misma zona.
El enojo vecinal no es gratuito y refleja una visión vertical del actual gobierno, que toma decisiones que afectan a la ciudadanía sin consultarla y sin siquiera informar aspectos básicos como el tiempo de ejecución de una obra o qué opciones existen para agilizar la movilidad mientras se realizan los trabajos.
Desde hace varios años se encuentra en boga el concepto de gobernanza, un modelo de gestión pública que busca administrar los asuntos colectivos de manera eficiente y equilibrada, integrando la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
Al ejercer gobernanza, las políticas públicas deben atender intereses colectivos y coordinarse con la vida cotidiana de los habitantes. Esto es justamente lo que no ocurre en Hidalgo, al menos en la capital del estado, gobernada por Morena, un partido que se asume progresista y de izquierda.
Tras la manifestación del viernes pasado y una reunión con vecinos inconformes, Raúl Lozano Cano, subsecretario de Infraestructura Pública estatal, declaró a medios de comunicación —con tono de regaño— que todas las obras son planeadas antes de ejecutarse, rechazando las críticas de vecinos y comerciantes, cuyas rutinas se han visto afectadas durante los casi cuatro meses que lleva la obra.
El funcionario argumentó que la reconstrucción se realiza con concreto hidráulico, con una durabilidad estimada de entre 15 y 20 años, y que toda obra genera molestias.
Los beneficios de la obra y su urgencia no están en discusión. De hecho, debe reconocerse que el actual gobierno emprendió la reconstrucción de calles en mal estado en Pachuca, que durante sexenios solo recibieron arreglos temporales.
El problema central es que la ciudadanía no es involucrada en obras o acciones que, en teoría, buscan su beneficio. No se trata de desconocer el mandato otorgado por las urnas, sino de entender que una mayor participación ciudadana incrementa la legitimidad y pertinencia de las decisiones públicas.
No es descubrir el hilo negro. En la Ciudad de México ya existe el programa de presupuesto participativo, cuyo objetivo es precisamente involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Mientras persista una visión vertical del poder, en la que la población solo deba acatar y soportar los efectos colaterales de las obras, se seguirá reproduciendo el modelo de gobierno que Morena asegura combatir.
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