Fortalezas y debilidades de nuestro engranaje institucional para combatir el delito de extorsión. Parte dos.

En la anterior columna, abordamos las fortalezas de nuestro engranaje institucional para combatir el delito de extorsión. Ahora, hablemos de lo contrario: un eslabón débil en la cadena de seguridad puede ser la falta de lineamientos para el resguardo y protección de las personas que, por una u otra razón son víctimas de extorsión desde hace tiempo; años, incluso.

Es decir, no me refiero a los nuevos intentos de extorsión, cuyas potenciales víctimas pueden ser protegidas, entre otras medidas, con órdenes de protección que giran las agencias del Ministerio Público y que implican el monitoreo constante por parte de las instituciones de seguridad sobre la integridad de la persona protegida. Regresando al primer tipo de casos, los de largo aliento, el sentido común indica que deberían acudir a solicitar el auxilio de la procuración de justicia y no seguir pagando cuotas de extorsión, dejando así de abonar al fortalecimiento de los grupos delictivos, pero ¿qué acciones de resguardo y protección pudieran tomar las víctimas directas por sí mismas o con la asistencia de las instituciones?

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La reflexión surge a partir de la experiencia de empresas de un mismo giro que han reaccionado de manera distinta ante tal amenaza: los que comenzaron a pagar cuotas a un primer grupo de extorsión terminaron lidiando con un segundo y un tercero; la amenaza se multiplicó. Las que han decidido no ceder al chantaje, pese a presiones e, incluso, acciones violentas, prefirieron asistirse de las instituciones, en aquel tiempo las federales, y a la fecha se mantienen sin dar recursos a los delincuentes.

¿Qué pasaría si los destinatarios de los mensajes y llamadas de extorsión decidieran por sí o por medio de un protocolo instituido de seguridad, desaparecer de la vida pública por un tiempo determinado en aras de dejar a los extorsionadores sin un objetivo, al mismo tiempo que se fortalece la vigilancia y presencia policial? Considero que se atajaría dicho delito y se establecerían mejores condiciones para prevenir que pudiera volver a presentarse.

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En países como Colombia se cuenta con un programa de protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación, el tercer sistema de ese tipo en el mundo después de Estados Unidos e Italia. Ahí, tras distintos análisis de proporcionalidad, a todos quienes lo ameritan y son admitidos se les ofrece vivienda, manutención, acondicionamientos básicos y servicios públicos. No hace falta, quizás, que México invierta años de reformas legales y administrativas para crear un sistema tan robusto como ese, pero sí, en cambio, que desde los espacios adecuados se pueda impulsar la agenda de la seguridad pública desde otro enfoque, uno más integral.

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