Fortalezas y debilidades de nuestro engranaje institucional para combatir el delito de extorsión

Por la responsabilidad que ostento, en los últimos meses he podido conocer muy de cerca gran parte del entramado institucional en torno a la seguridad pública en casos de extorsión. Además de la toma de decisiones que me corresponde, hay aspectos que puedo advertir como profesional de la administración y las políticas públicas más allá del ámbito estrictamente municipal y que me parece valioso compartir para fomentar la reflexión, el análisis y la acción pública.

En primer lugar, destaco la coordinación que hoy existe en Hidalgo entre los tres órdenes de gobierno. Desde que el presidente de la República instruyó la realización de las Mesas de Construcción de la Paz, autoridades de los gobiernos locales tuvimos la oportunidad de compartir información y diseñar estrategias de manera directa con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y, en algunas ocasiones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La puesta en práctica de esta estrategia se traduce en mayor confianza para la cooperación, mejor articulación de operativos conjuntos y mayor acuerdo en los objetivos estratégicos por región.

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Es gracias a ello que hoy en día es factible que, tras el reporte de una amenaza de extorsión en el C5i, operado por el gobierno estatal, o en cualquiera de los C2 de los gobiernos municipales, acudan a la búsqueda y localización de los presuntos responsables, al unísono, las fuerzas de tarea del Ejército, Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal. La coordinación en la reacción no debe darse por sentada; antes de la estrategia federal, era casi imposible que las autoridades municipales pudiéramos estar en comunicación con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, en cambio, constituimos un frente común contra la delincuencia y nos apoyamos entre organismos gubernamentales como parte de un solo equipo.

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Otra de las fortalezas que puedo mencionar es la voluntad política real de combatir la impunidad en el estado de Hidalgo: en los últimos meses se han realizado más aprehensiones y cateos que en los dos años anteriores. Además, se encuentran funcionando distintos métodos de inteligencia e investigación tales que algunas de las detenciones relacionadas con delitos suscitados en nuestro municipio han sido ejecutadas en otras entidades federativas, como el Estado de México e, incluso, Puebla. Por si fuera poco, algunas de las mismas tienen como base carpetas de investigación cuyas órdenes de aprehensión estaban listas desde hace más de cinco años. Por fin comenzó a llegar el alivio de la justicia para esas familias.

Sobre los retos y debilidades hablaremos en la siguiente columna.

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