Federalismo para la cooperación internacional

Curiosidad e ignorancia son combustible para el lado oscuro de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Resultado: la ciberdelincuencia, uno de los nuevos flagelos de la sociedad con afectaciones al patrimonio, la seguridad y la libertad sexuales. Víctima de sus peores estragos es la niñez, ante la falta de políticas públicas para la navegación segura en el ciberespacio. Suponer que las nuevas generaciones viven y conviven normalmente en la virtualidad, sin peligro, es irresponsabilidad criminal. Pero así es la realidad que aumenta en las estadísticas el número de víctimas. 

El reto de posibles soluciones es dual, tecnológico y jurídico. Esto es, desarrollar lo que podría llamarse la contratecnología, y el sustento legal para su correcta aplicación, sin ser invasiva de los derechos humanos y, aplicación efectiva en tribunales. En ambos campos la investigación especializada es clave. Así lo han resuelto varios países al unir esfuerzos en lo que ya es una lucha global contra una delincuencia también  sin fronteras.

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Con ese propósito se creó en 2019 la Red ELIPSIA, acrónimo de Europa Latinoamérica Iniciativa para la Seguridad de la Infancia y la Adolescencia, para perseguir a quienes comparten, descargan y distribuyen pornografía infantil en América Latina y Europa, con la participación actual  de diecinueve países, trece latinoamericanos, México entre ellos,  y el resto europeos, Europol e Interpol.  

Red ELIPSIA es coordinada por la Guardia Civil de España con un programa diseñado por la Universidad de Alcalá. Su creación surgió ante la demanda presentada en el contexto de El PAcCTO, ese programa financiado por la Unión Europea para contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado, mediante una cobertura de toda la cadena penal: policial, justicia y penitenciario. 

Ayer Red ELIPSIA puso en funcionamiento UnMaskPro un filtro para descubrir a quienes pretendan engañar en las redes sociales mediante el acoso.  

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Esta y otras muchas posibilidades generadas por la cooperación internacional son de difícil acceso a las entidades federativas de los Estados con modelo federal, como el nuestro, pues se desarrollan únicamente a través de las instituciones federales, en este caso la Fiscalía General de la República y aun cuando a través de ella se puede tramitar la vinculación local-internacional, las gestiones no siempre resultan exitosas por las limitantes establecidas en los propios instrumentos internacionales, conforme a las disposiciones constitucionales de cada país. 

Diego Valadés explica el caso mexicano, al respecto: “Las entidades federativas tienen vedada la vida internacional activa, pues la Constitución de la Unión les impide celebrar cualquier tipo de tratado incluidos los que solo tengan por objeto actos de cooperación que no comprometan las finanzas públicas.”  Otra condicionante es que, si bien no existe prohibición constitucional para que las entidades federativas participen en política exterior, esta queda reservada a los poderes de la Federación.     

La intensidad y diversidad de la actividad local hacia el exterior muestra un incremento en las alianzas para atender diversos problemas, con un adicional comercial. Hidalgo es un ejemplo claro en los ambientes científico y tecnológico, pero hay un faltante, cada vez más evidente, en nuestro diseño federal. Urge resolverlo y abrir el acceso a los beneficios de la cooperación internacional.  

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