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La crisis financiera e institucional que atraviesa Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V. ha alcanzado niveles críticos tras escalar a los tribunales del país. Afectada por una cascada de impagos a cerca de 250 acreedores y demandas de concurso mercantil, la entidad se encuentra al borde del colapso bajo la atenta mirada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Entre marzo y junio pasados, el quebranto se hizo evidente: el índice de morosidad se disparó de 6.7 a 25.6 por ciento, mientras que el Índice de Capitalización (ICAP) se derrumbó de 10.52 a apenas 1.45 por ciento, situándose dramáticamente por debajo del mínimo regulatorio exigido de 8 por ciento.
El origen del quebranto patrimonial se rastrea en la gestión de su exdirector general y consejero, Carlos José Vélez Palomar, a quien se señala por presuntamente otorgar préstamos fraudulentos para beneficio personal, dejando desprotegidos a decenas de ahorradores e inversionistas que confiaron su patrimonio a la institución. Vélez Palomar falleció en fechas recientes en circunstancias que no han sido del todo esclarecidas.
El caso busca justicia no solo en las directivas pasadas, sino también entre sus allegados y herederos corporativos. Carlos Vélez Suberbie, consejero de la firma e hijo del extinto directivo, se encuentra bajo la lupa debido a su responsabilidad directiva en el gobierno corporativo. Asimismo, la viuda del exdirector, Lourdes Suberbie, podría ser llamada a declarar ante las autoridades judiciales.
En respuesta al perjuicio económico, las víctimas han acudido en masa a la Fiscalía General y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), encabezada por Óscar Rosado Jiménez, exigiendo la pronta restitución de sus recursos.
Paralelamente, los afectados han alzado la voz contra los órganos internos de supervisión, solicitando la remoción del Consejo de Administración que preside Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, así como del comisario Manuel Constantino Gutiérrez García. Registros de la Secretaría de Economía revelan que tanto García-Sabaté como Gutiérrez García mantenían lazos de negocios con Vélez Palomar como socios en Propatuc, una SOFOM fundada en 2009.
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La CNBV mantiene visitas de inspección e impuso medidas correctivas, al tiempo que personal del organismo regulador supervisará las próximas asambleas de socios para dar seguimiento a las sanciones, la remoción del consejo y los litigios planteados en tribunales por las víctimas.
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