La noticia del multihomicidio en Azoyatla ha causado una gran indignación en la sociedad hidalguense y no es para menos, con el paso de las horas nos enteramos de más detalles que nos hacen preguntarnos sí esto pudo haberse prevenido.
En 2011, cuando cambiamos al paradigma de los derechos humanos se transformó radicalmente la manera en que el Estado, sus poderes e instituciones tienen que cumplir y garantizar que estos se cumplan.
Aunque el Estado es un ente, sí tiene una representación física en nuestra sociedad que se da a través de las personas que han decidido ser servidores públicos y cuyas acciones y omisiones no representan sus intereses personales, al contrario, con esa camiseta lo que sea que hagan o digan, para bien o para mal, se convierten en actos del Estado.
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Es cierto que el Estado no puede controlar lo que cada una de las personas hacemos en esta sociedad, pero sí puede y debe hacer todo lo que está a su alcance para garantizar que se cumpla con la Constitución.
El feminicidio de Rosaura y el asesinato de sus familiares pudo haberse prevenido. Tanto la Procuraduría como el Poder Judicial del Estado pudieron y debieron tomar acciones que quizás, les hubieran protegido de las acciones de su ex pareja, Marco Antonio.
Su caso está revelando la poca capacidad técnica de la Procuraduría, el Centro de Justicia para las Mujeres y el Poder Judicial, las carencias presupuestarias, la falta de personal que pueda atender adecuadamente estos casos y la magnitud del problema que hace que lo mínimo que hoy brinda el Estado sea insuficiente.
Dentro de todo esto claro que también hay una responsabilidad social,porque nosotres también le fallamos a Rosaura y su familia, pero negar la responsabilidad del Estado es un acto revictimizante para ella y su familia.
La justicia que esperamos no es solo una condena para Marco Antonio, sino una transformación radical de estas instituciones que garanticen, hasta el último momento, que hicieron todo para cumplir nuestros derechos humanos.
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