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La política hidalguense atraviesa un momento de paradojas estadísticas que rozan el absurdo. El pasado 12 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó en su conferencia matutina un dato incómodo: el Congreso de Hidalgo figura entre los más costosos del país si se mide el gasto por legislador.
La reacción local rompió con la lógica de disciplina que suele caracterizar al movimiento. Morena Hidalgo y el propio Poder Legislativo optaron por desestimar la medición federal. Más que una diferencia técnica, el episodio expone una grieta entre lo que se presenta desde Palacio Nacional y lo que se defiende desde Pachuca.
El punto de conflicto está en el presupuesto de 362,540,000 pesos para 2026. Desde la Federación, el análisis se centra en el costo por diputado. Desde lo local, la defensa cambia la métrica y se enfoca en el gasto por habitante.
Si se aplica ese criterio, los números parecen favorecer al Congreso. Con un salario mínimo diario de 315.04 pesos, el umbral de eficiencia por habitante se ubica en 126.02 pesos. Al dividir el presupuesto entre los 3,082,841 habitantes, el costo es de 117.60 pesos anuales por persona. En términos estrictamente matemáticos, el Congreso estaría por debajo del límite considerado razonable.
Pero ahí es donde la estadística deja de ser suficiente.
Que un Congreso sea “barato” por habitante no implica que sea eficaz. El señalamiento presidencial no apunta únicamente al monto total del gasto, sino a la relación entre ese gasto y el funcionamiento real del Poder Legislativo.
La defensa local, centrada en cambiar la fórmula, evita entrar al fondo del problema. No se trata solo de cómo se mide, sino de qué se obtiene.
En la percepción pública, el Congreso de Hidalgo no destaca por su producción legislativa ni por su capacidad de contrapeso. La crítica recurrente es que opera más como una oficialía de partes que como un poder autónomo. Las iniciativas del Ejecutivo avanzan con rapidez, pero el debate profundo, el que implica modificar, cuestionar o frenar, parece limitado.
En ese contexto, el presupuesto pierde sentido si no se traduce en resultados tangibles. Los más de 362 millones de pesos anuales deberían reflejarse en leyes que atiendan problemas locales, en fiscalización efectiva y en representación real de la ciudadanía.
Cuando eso no ocurre, el debate sobre si el Congreso es caro o barato se vuelve secundario.
El choque entre Morena Hidalgo y el congreso local contra la presidencia también deja un mensaje incómodo hacia dentro del propio movimiento. Si no hay acuerdo en cómo medir la austeridad, la narrativa de disciplina pierde consistencia mientras la soberbia se impone.
Pero la austeridad no solo implica gastar menos, sino justificar cada peso con resultados. Porque el verdadero indicador no está en la cifra final del presupuesto, sino en su impacto.
Si el Congreso cumple su función, el gasto puede ser defendible. Si no, incluso un Congreso “eficiente” en números termina siendo costoso en términos políticos y sociales.
Y en Hidalgo, esa sigue siendo la pregunta sin respuesta: ¿para qué está sirviendo lo que se paga?
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