Hace algunas semanas, haciendo referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en este espacio dábamos cuenta de la relevancia de enaltecer y reconocer la constante lucha de las mujeres por la igualdad, la justicia, la paz, el reconocimiento de sus derechos y la defensa de su participación y desarrollo en todas las esferas de la sociedad.
En dicho marco, y con motivo de los lamentables sucesos recientemente acontecidos en el Estado de Nuevo León, se presenta una vez más una oportunidad relevante para seguir reflexionando acerca de los grandes rezagos institucionales que han derivado en un escenario de descomposición social en nuestro país, específicamente en materia de violencia contra las mujeres, el cual no ha permitido la generación de las condiciones necesarias para garantizar a las mujeres y niñas un entorno de seguridad y bienestar.
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Si bien es cierto que las brechas de desigualdad de género se reflejan y desarrollan de diferentes maneras, la violencia contra las mujeres es el fenómeno que se ha presentado con mayor nitidez en los espacios de discusión pública, habida cuenta de la tendencia ascendente en la medición de los índices que enmarcan su visibilidad como uno de los grandes problemas nacionales. Lamentablemente, las mujeres mexicanas son blancos especialmente vulnerables de trabajo forzado, explotación sexual, violencia, inseguridad, trata, crimen organizado y tráfico de drogas.
Lo anterior encuentra eco específico en diversas métricas, las cuales avalan que México es uno de los países más violentos contra las mujeres a nivel mundial. Según la ONU, 6 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido incidentes de violencia y el 41.3% han sido víctimas de violencia sexual. Asimismo, según el INEGI, el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún incidente de violencia física, emocional, sexual o de discriminación a lo largo de su vida. También, de acuerdo con un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años, la cifra de mujeres asesinadas ha ascendido a 10,753, un promedio de 16 mujeres al día.
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Frente a este panorama, la consolidación de la educación integral con perspectiva de género se presenta como un pendiente ineludible en el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la regeneración del tejido social, advirtiendo que tal perspectiva en la formación de los menores tiene el potencial de incidir favorablemente para identificar, cuestionar y valorar, desde edades tempranas, la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres respecto de los estereotipos imperantes, abriendo nuevas posibilidades para relacionarnos.
En tales circunstancias, un nuevo paradigma de educación básica con perspectiva de género habrá de erigirse como elemento fundamental de los esfuerzos del Estado mexicano para mitigar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, al tiempo de contribuir a la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de la economía y la consolidación de comunidades en condiciones de equidad que coadyuven en el desarrollo integral de todos sus integrantes.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
