“Diálogos” segundo y tercero: austeridad y costo
DESDE LO REGIONAL
Llevar los “Diálogos” para la reforma del Poder Judicial a los estados de la República mostró sus ventajas, una fundamental: las voces locales tuvieron un espacio de resonancia nacional alternando con otras de reconocido prestigio en el país. Pasó en el de Jalisco: destacaron las participaciones de Alberto Ruvalcaba, presidente del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México con una clara y contundente postura desde la abogacía regional, de respaldo a las judicaturas federal y locales.
La otra, del académico Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con argumentos favorables a la iniciativa sin omitir problemáticas como el posible empate de elecciones judiciales con las políticas, así como las facultades del propuesto Tribunal de Disciplina para intervenir bienes de quienes sirvan al Poder Judicial federal.
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Dos temas interesantes aparecieron en las intervenciones: la necesidad del lenguaje judicial claro, y una propuesta para elegir juzgadoras y juzgadores federales con sentido regional.
Nota mediática a cargo del senador Ricardo Monreal cuando exhibió la principal motivación de la iniciativa presidencial: la actitud de la ministra presidenta de la Suprema Corte.
Más intenso e ilustrativo del contexto político impulsor de la reforma, así como de razones técnicas en contra, fue el tercer “Diálogo”, en Toluca. Sobresalió la defensa al Poder Judicial de las entidades federativas del magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Con razonamientos constitucionales, datos, cifras y propuestas, enfático subrayó: “Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia.”
De nuevo el senador Monreal dio paso al obligado intercambio en torno al dinero destinado al ejercicio del Poder Judicial de la Federación, a partir de su listado de erogaciones destinadas a ministras y ministros de la Corte, magistrados y jueces federales, concluyó: están fuera del principio de austeridad republicana.
Aproximó en tres mil quinientos millones de pesos – calculo dijo de un equipo actuarial -, el costo de la ya decidida elección para sustituir a las y los actuales titulares de juzgados de distrito, tribunales de circuito, e integrantes del Pleno de la Suprema Corte.
Al cerrar su intervención, el futuro líder de la bancada mayoritaria de Diputados dejó sentir el ánimo de la próxima legislatura para advertirle, en tono cuasi amenazante, al también presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense, la llegada de la austeridad a los órganos judiciales de los estados. Así el respeto al federalismo con todo y sus argumentos.
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Cualquier persona conocedora de las condiciones de funcionamiento de juzgados y tribunales locales, puede imaginar las posibles soluciones para remontar carencias de personal, salarios, espacios, tecnología, aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y un nutrido etcétera, en beneficio de las y los justiciables; con tan solo una parte del dinero anunciado por el senador Monreal para pagar la discutible elección.
Significativa la presencia de la gobernadora Delfina Gómez durante toda la jornada, donde, sin faltar florituras, el grito sesgado de “excesos y privilegios”, con dinero aprobado por el Poder Legislativo, debe decirse; contrastó con posturas de juzgadores federales y el inteligente posicionamiento del consejero jurídico del estado anfitrión.
