Diálogos ¿Nacionales? para reformar al Poder Judicial

DESDE LO REGIONAL

Descalificada de antemano por suponerla ociosa ante la decisión irreductible de aprobarla en sus términos por la nueva legislatura federal, la consulta para reformar el Poder Judicial de nuestro país iniciará formalmente dentro de dos días.

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Convocados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, habrá nueve “Diálogos Nacionales” en distintas ciudades y la propia Cámara, sobre los siguientes temas: ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?; Conformación y reorganización del Poder Judicial: Nueva integración del Pleno de la Suprema Corte, Duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, Régimen de responsabilidades; Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial; División de Poderes: medios legales y constitucionales; Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial, Órgano de Administración; Tribunales de justicia local; Elección popular de integrantes del Poder Judicial: Legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros, Elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación, Proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas, Mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios; Defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía; Impartición, procuración de justicia y seguridad pública.

Del temario establecido para el ejercicio deseablemente democrático, se advierte el peso de la intención: nueva organización del Poder Judicial federal. Los “Diálogos segundo y séptimo a realizarse en Jalisco y en la sede del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, respectivamente, así lo avisan al explicitar los temas abordar. La médula es una nueva integración del Pleno de la Corte y la elección popular de  las y los juzgadores, en ese orden de importancia.

Tampoco cuesta trabajo ver la voluntad  de replicar la reforma   en las entidades federativas: el escueto  título del “Dialogo” en Puebla la muestra, lo confirma el boletín de la Cámara, textualmente se lee en el listado de invitaciones “…los representantes directivos de la Asociación de Tribunales de Justicia de la República…”

¿Acaso no conviene, o de plano es innecesario, escuchar las opiniones de las y los gobernadores de los estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por el tema presupuestario? ¿Es inútil oír, o cuando menos convidar a los Congresos donde llegará la reforma para su eventual ratificación? ¿De nada sirve las opiniones de los Poderes Judiciales locales, sujetos directos del impacto reformador, de sus Tribunales, juezas y jueces, sus Consejos de la Judicatura, asociaciones y sindicatos? ¿No sería interesante convocar a los tribunales administrativos no pertenecientes al Poder Judicial para explorar su incorporación – reincorporación en caso de los electorales -, como se mantiene en la Federación? ¿Se suponen iguales condiciones del Poder Judicial en la Federación y los estados?

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Lamentable visión centralista en las grandes decisiones nacionales, confirmación del desdén al sistema federal de la República, pragmatismo político puro. El título, ni realizarlo en capitales estatales, hacen federalista el ejercicio prelegislativo. Esto es: a los estados nomás se las aplicas.

Igual llama la atención la inclusión, casi de relleno, de la defensa de oficio y la colegiación del ejercicio de la abogacía, impartición de justicia y seguridad pública, sin precisar un  hilo conductor a su relación con el Poder Judicial. De ninguna manera son irrelevantes, aunque su especio sería una reforma de mayor calado: la del acceso a la justicia.

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