Los señalamientos de irregularidades en las obras de la pasada administración que investiga la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Estatal, ya provocaron la reacción de un grupo de constructores que elaboraron las respuestas técnicas para demostrar en dónde y de quiénes fueron las inconsistencias que han sido señaladas y que tiene hoy, la sospecha de que se cometieron actos de corrupción.
Pero los hombres que participaron en la construcción del Hospital General, Puente Atirantado, Hospital de Actopan y Laboratorio Estatal de Salud, han ido más allá, pues en los documentos aseguran que, en el último tramo del gobierno estatal priista, hubo solicitudes de “moches” que alcanzaron porcentajes del 50% de las obras asignadas lo que redujo notablemente sus ganancias, pero esto no significó la alteración de precios o sobrecostos en insumos.
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La investigación técnica contable que tiene la dependencia a cargo de Álvaro Bardales, y las denuncias presentadas en la Auditoría, hablan de un sobreprecio en costos de acero, cemento, y otros materiales de hasta un 50 por ciento, lo que aumentó y en algunos casos hasta duplicó las estimaciones iniciales del costo de las obras.
En las carpetas se detalla, por ejemplo: cómo el costo de la tonelada de acero pasó de 18 mil hasta 50 mil pesos en algunos casos, lo que al final repercutió en el presupuesto destinado para cinco obras que se consideran emblemáticas y que fueron con las que cerró el gobierno de Omar Fayad.
La investigación recae directamente en la Secretaría de Obras Públicas y en algunos constructores que fueron intermediarios con los grupos empresariales que ejecutaron las obras y será una vez que concluyan todos los estudios y peritajes, que se determine si existe responsabilidad del extitular José Meneses Arrieta y también de quienes hayan servido para el cobro de “comisiones” y alteración de los precios.
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Por lo pronto, los constructores no parecen dispuestos a quedarse callados y con los brazos cruzados, luego de darse a conocer las investigaciones que hay en curso, sobre todo porque algunos están participando en licitaciones públicas y proyectos privados que requieren de permisos y el aval de las autoridades estatales.
De mi tintero… La Ley de Imagen Urbana que prepara el gobernador Julio Menchaca, pegará lo mismo en intereses de grandes empresas como el Grupo Pachuca que en algunos políticos que han encontrado en los espectaculares una opción de negocio sin importar que se ponga en riesgo la seguridad de la población o se genere contaminación visual y es que por lo pronto, el documento que llegará al Congreso del Estado tienen entre otras adecuaciones, la prohibición de publicidad en infraestructura pública es decir puentes o edificios y una reducción de otros tantos en vialidades primarias y accesos y a las principales ciudades… Movimiento Ciudadano comenzó su tarea de buscar a todos los políticos que en el camino ha dejado sembrado el PRI y Morena, sabe que tiene una cartera importante de candidaturas por ofrecer y busca al mejor operador para una senaduría y diputaciones locales, sin importar que para ello, se traiga a cartuchos quemados.
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