Constitucionalismo y pandemia

La pandemia de COVID-19 obligó a nuevas formas de relación entre los tres órdenes de gobierno. La irrupción del virus en el país produjo reacciones diferenciadas de la autoridad, de acuerdo con las responsabilidades de los gobiernos federal, estatales y municipales, no siempre apegadas a la normatividad que regula sus atribuciones dada la premura para resolver la emergencia sanitaria, por lo mismo no necesariamente coordinadas y, en algunos casos de franca omisión.

Diego Valadés, el destacado constitucionalista mexicano, ha publicado recientemente, bajo el sello de siglo veintiuno editores,  un valioso análisis de la crisis en clave de las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República. Establece Valadés una premisa: Las crisis ponen al descubierto las intimidades del poder. […] La crisis sanitaria fue un laboratorio que permitió observar las respuestas del poder a escala mundial. Se hicieron perceptibles las diferentes formas de reaccionar ante el mismo fenómeno; fue posible advertir la eficacia o la ineficacia de las instituciones y el talante de los dirigentes.

En Constitucionalismo crítico. Ideas para la transición constitucional en la era post Covid-|9, el autor plantea en diez grandes rubros la problemática exhibida por la pandemia en nuestro país. En el que intituló Desigualdad Estructural plantea el funcionamiento de nuestro sistema federal puesto a prueba.

Nuestro federalismo, dice, es otra causa de desigualdad política y jurídica; apunta dos vías de afectación a las personas de forma individual y colectiva agudizadas por la pandemia. La primera que afecta derechos humanos en específico con tratamiento diferenciado en cada entidad federativa. De ahí el señalamiento de que las limitaciones a las autoridades locales, resultantes del diseño constitucional, tienen impacto en cada población.

Para Diego Valadés la desigualdad se marca en cuatro aspectos. Los transcribo:

Uno: Debilidad del sistema representativo local. El artículo 124 constitucional determina que lo no atribuido de manera expresa a la federación queda reservado a las entidades federativas. A este respecto, en 1917 el artículo 73 contaba con 31 fracciones. En el curso de los años se le han agregado otras 27, casi tantas como el número original. Aun aceptando que todas estas adiciones se justifiquen por razones ambientales, culturales, económicas, jurídicas, políticas y sociales, es evidente que han reducido el ámbito de acción posible para los legisladores locales. […] Cuando se producen fenómenos tan devastadores como una epidemia, la falta de órganos eficaces de representación pone en situación de indefensión los intereses de los gobernados que quedan a merced de las decisiones acertadas o equivocadas, de sus gobernantes.

Dos: Debilidad del sistema judicial local. La debilidad intrínseca de la justicia local sigue siendo una fuente de asimetría institucional que afecta, asimismo, la  igualdad ciudadana, pues son pocos quienes disponen de recursos para hacer frente a los costos profesionales que implica litigar en los fueros local y federal. Ese déficit de acceso a la justicia se acentuó con motivo de la pandemia.

Tres: Debilidad hacendaria local. Desde hace años se ha planteado la necesidad de un cambio en el monto de las participaciones. Las propuestas más moderadas piden subirlo a 22.5%,  mientras que otros proponen que la federación conserve solo 50%, para que 30% corresponda a los estados  20% a los municipios.

Cuatro: Debilidad del Estado constitucional local. Las entidades federativas tienen vedada la vida internacional activa, pues la Constitución de la Unión les impide celebrar cualquier tipo de tratado, incluidos los que solo tengan por objeto actos de cooperación que  no comprometan las finanzas públicas. En sistemas federales como el argentino, el austriaco o el canadiense, por ejemplo, los entes territoriales están facultados para suscribir convenios internacionales, dentro de las condiciones que se estiman adecuadas por cada sistema.

Algo de lo positivo que ya dejó la pandemia fue la identificación de nuestros  faltantes como país, como sociedad y en nuestro sistema constitucional. Tenemos aquí una veta para explorar con imaginación, proyecto y voluntad política un  nuevo acuerdo federalista.