Congreso aprueba creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

El Poder Legislativo del Estado avaló la propuesta del gobernador, Julio Menchaca Salazar, para la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, así como la expedición de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio […]

Diciembre 13, 2022

El Poder Legislativo del Estado avaló la propuesta del gobernador, Julio Menchaca Salazar, para la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, así como la expedición de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado.

El objetivo, de la citada Ley es establecer el mecanismo jurídico para la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y de extinción de dominio en materia de recuperación de activos en el proceso penal y de extinción de dominio.

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Para ello, fue necesario respaldar la creación del ente encargado de verificar los procedimientos para dicha administración y destino, es decir, del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal.

Dentro de los artículos establecidos en la nueva ley, se faculta al Instituto para administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores, e incluso, encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.

Dichas personas serán preferentemente las dependencias o entidades de la administración estatal y las autoridades municipales, previa solicitud o acuerdo.

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La administración del Instituto estará a cargo de dos áreas; la primera es la Junta de Gobierno, conformada por la persona titular de la Secretaría de Finanzas, dos subsecretarios de la misma dependencia, el Fiscal General de Justicia del Estado, el titular de la Secretaría de Gobierno, y el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La segunda área a cargo será la Dirección General, cuya persona titular deberá ser designada por el gobernador del Estado y tendrá que ser ratificada por la Junta de Gobierno.