Con o sin declaratoria de zona, el abandono es el mismo: vecinos de Huapalcalco sin servicios básicos

Para las familias que habitan en fraccionamiento Chichimecatl, a un costado de la zona arqueológica de Huapalcalco, las disputas legales sobre el estatus patrimonial del sitio no modifican su compleja realidad. Entre comunicados oficiales y fallos judiciales, los residentes sostienen que, con o sin declaratoria federal, el abandono es el mismo, pues la llegada de los servicios básicos sigue sin concretarse.

A pesar de contar con escrituras públicas de sus predios y cumplir con el pago del impuesto predial ante el municipio de Tulancingo, los vecinos de esta zona llevan más de dos décadas en total abandono: carecen de red de agua potable, drenaje sanitario y electrificación.

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El debate resurgió luego de que la asociación civil Niebla y Tiempo calificara como un “retroceso histórico” la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Tras un amparo promovido por un particular, bajo el argumento de que la superficie establecida en el polígono de protección de la Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) de Huapalcalco incluía terrenos de su propiedad legal, la organización señaló que dicha sentencia dejaba sin efecto el decreto presidencial de protección emitido en 2023.

En respuesta, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió tales afirmaciones a través de un comunicado. La dependencia aclaró que la ZMA de Huapalcalco mantiene intacta su protección jurídica federal y precisó que la sentencia del tribunal no implica la pérdida de su estatus de conservación.

Mientras las autoridades federales y la organización civil debaten el alcance legal del fallo, los habitantes de la zona enfrentan una contradicción diaria: el gobierno municipal les cobra contribuciones como propietarios regulares, pero la infraestructura pública básica nunca llega.

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Durante años, la condición de protección patrimonial fue el argumento recurrente utilizado por las administraciones locales para justificar la falta de obras públicas. Sin embargo, hoy los vecinos dudan que la ratificación o revocación de la declaratoria destrabe finalmente los proyectos de urbanización.

A la espera de que el panorama legal se defina por completo, las familias reiteraron su llamado a las autoridades municipales y estatales para atender de manera urgente el rezago social en la comunidad y brindar una solución definitiva a las carencias que padecen desde hace más de 20 años.

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crs