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El Faro
Los municipios son conocidos por ser el eslabón más débil en la estructura de los gobiernos en México, pero además son vulnerables porque quienes encabezan las alcaldías cometen errores que precarizan aún más su situación.
Por hablar de un caso reciente, destaca la crisis que vivió el municipio de Tetepango, cuya población se quedó sin agua el fin de semana pasado.
Resulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió suspender el servicio a la demarcación, pues acumula una deuda histórica de más de 19 millones de pesos.
El actual presidente municipal, Enrique Estrada Corres, logró negociar con la empresa estatal e interpuso un amparo para evitar que el municipio se quedara sin energía eléctrica. Además, negocia con la CFE pagar la deuda mediante cómodas mensualidades.
El problema es que la empresa de energía quería que el ayuntamiento le pagara un millón de pesos cada mes, situación inviable para el municipio, pues para 2025 tiene un presupuesto de egresos de 62.5 millones de pesos. Si Estrada Corres aceptara el plan de CFE tendría que gastar 12 millones de pesos al año, con lo que se quedaría sin la sexta parte de su presupuesto.
El culpable de endeudar al municipio y dejarlo sin agua unos días se llama Zacarías Hernández, exalcalde, quien además tiene dos negocios con contratos de agua chuecos. Aunque uno es una escuela privada y el otro una bodega, están bajo el régimen de toma domiciliaria, por lo que paga una tarifa menor.
Los ayuntamientos en México están obligados a pagar la energía eléctrica, no sólo la que consumen para echar a andar la infraestructura hidráulica, sino también la que usan para el alumbrado público.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 115, fracción III, inciso a), que los municipios tienen la responsabilidad de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Y la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 3, define que el suministro eléctrico es un servicio sujeto a contraprestación, por lo que cualquier usuario que consuma energía, incluidos los ayuntamientos, debe pagar por ella.
El artículo 11 de la misma ley, indica que la CFE opera el servicio público de transmisión y distribución, estableciendo tarifas para diferentes sectores, incluyendo gobiernos municipales.
Por si fuera poco, la Ley General de Hacienda Municipal en su artículo 31, indica que los municipios deben incluir en su presupuesto los costos de los servicios públicos que prestan, como el alumbrado y el suministro de agua, lo que implica la obligación de pagar por la electricidad utilizada en estos servicios.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al gobierno llegan personajes que no están preparados o que carecen de un equipo que lleve con responsabilidad las finanzas municipales. No hay que darle muchas vueltas, los servidores públicos deben cumplir la ley, y si no lo hacen deberían ser procesados, así de simple.
Eso dicen las leyes, pero en los hechos personajes como Zacarías Hernández andan tranquilos e incluso con negocios favorecidos de manera ilegal. Lo peor es que la factura terminará pagándola el pueblo de Tetepango.
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