Sin lugar a duda, la expedición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha representado uno de los acontecimientos más relevantes en materia legislativa en lo que va del año. Lo anterior, habida cuenta de que dicho ordenamiento contiene, entre otras cuestiones, una serie de elementos normativos que habrán de implicar un cambio de paradigma significativo en materia de movilidad. Al respecto, la nueva ley establece el mandato para que las autoridades federales y locales se coordinen para establecer sistemas de movilidad locales que consideren la modificación o adaptación del servicio de transporte, incorporando acciones afirmativas a fin de que se garantice la seguridad y accesibilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Este mandato tendrá una gran repercusión en materia de movilidad urbana, en el entendido de que dicho rubro implica uno de los mejores ejemplos en los que la coordinación entre distintos niveles de gobierno puede generar inversiones y mejorar los grandes problemas de las zonas metropolitanas del país. Y es que el impulso de proyectos novedosos en dicha materia tiene un impacto muy importante sobre los problemas de congestión en las principales vías de comunicación, generando ahorros sustanciales en tiempo para toda la población y un impacto económico positivo en beneficio de estados y municipios.
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En ese sentido, se vislumbra la oportunidad clara y concreta de detonar, en el marco de la nueva ley general, una estrategia integral para el desarrollo de nuevos proyectos de transporte masivo y sistemas de movilidad más eficientes y sustentables que deriven en la creación de redes de transporte dignas y resilientes. Uno de los efectos positivos derivado de la implementación de tales proyectos se reflejaría en que los municipios destinen menos recursos a la construcción de vías de transporte automotriz, lo cual implicaría un impacto directo en torno a los índices de caminabilidad, generando mayores estímulos a las economías locales y regionales, así como el fortalecimiento de sectores clave como el turismo, mejorando también la seguridad pública.
También resulta relevante destacar que la creciente demanda de transporte público en el país no puede ser correspondida en su totalidad con la infraestructura de transporte actual, lo cual refuerza la noción de priorizar la implementación de mecanismos novedosos de transporte que vayan más allá de satisfacer la demanda, y que representen beneficios cuantiosos, tangibles y alcanzables para toda la población. Esto, considerando que la expansión territorial de las zonas urbanas ha sido muy significativa en las últimas décadas y ha rebasado la funcionalidad efectiva de los sistemas de transporte.
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En tales circunstancias, los mandatos y principios de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial habrán de traducirse en nuevos mecanismos para favorecer la sustentabilidad de la movilidad urbana, mediante la formulación e implementación de políticas públicas encaminadas a impulsar la vinculación efectiva de todas las esferas de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, a efecto de concretar el replanteamiento de los sistemas de transporte público sobre la base de un nuevo paradigma en términos de sustentabilidad, inclusión, eficiencia, seguridad e innovación tecnológica.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
