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A ocho meses de firmarlo, este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Coordinación que establece las bases para la implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Territorio del Municipio de Zimapán, Hidalgo.
Este acuerdo fue celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Estado de Hidalgo y el municipio de Zimapán.
El convenio entró en vigor el día de su firma (9 de agosto de 2024) y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto. Tiene como objetivo principal la formulación, expedición, aprobación, ejecución, evaluación y modificación del programa mencionado.
Entre los compromisos establecidos, la Semarnat se encargará de brindar apoyo técnico y participar de manera coordinada, conforme al ámbito de su competencia. Por su parte, la Conanp participará donde se ubique el Área Natural Protegida “Parque Nacional Los Mármoles”, competencia de la Federación, y emitir las recomendaciones que en su caso correspondan.
El Estado de Hidalgo se comprometió a realizar las acciones necesarias para compatibilizar la regulación de asentamientos humanos con el programa, mientras que el municipio a supervisar que todas las concesiones y permisos en su jurisdicción cumplan con los lineamientos ecológicos establecidos.
Además, dará preferencia a las Instituciones Públicas de Educación Superior e Investigación que cuenten con la capacidad para desarrollar estudios y programas de ordenamiento ecológico, asegurando así que el proceso esté respaldado por la academia.
Para llevar a cabo las acciones del convenio, se acordó la creación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Zimapán, que tenía que instalarse en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la firma.
El comité estará integrado por representantes de los tres niveles de gobierno y contará con la participación activa de actores sociales, organizaciones, comunidades indígenas, y otros sectores con intereses legítimos en el territorio. Se priorizará la inclusión de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables, garantizando así una representación equitativa y efectiva en la toma de decisiones.
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