¿Y el caso Sosa Cravioto?
Agujeros negros
Se cumplió un año de la absolución de Fernando R. M. a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) trató de fabricar como culpable del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, juicio en el que se cometieron violaciones al debido proceso desde el momento del cateo a dos domicilios y su detención que llevó al juez a absolverlo.
El Ministerio Público insistió a pesar de las irregularidades y en agosto de 2022 en apelar la sentencia, opción judicial a la que ya no acudió la familia de Sosa Cravioto, con lo cual Fernando R. M. quedó libre y su vida volvió a la normalidad, relativamente porque meses después su padre que luchó con todo para demostrar la inocencia, concluyera su ciclo vital, al afectarse su salud.
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La absolución de Fernando R. M. en el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto hijo del jefe del grupo que controla desde 1982 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) sucedida en el 23 de febrero de 2019 en las inmediaciones de Santa Ana Hueytlalpan, Acaxochitlán, es caso abierto porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo debe continuar las investigaciones para esclarecerlo.
Nadie sabe si se tomó otra línea de investigación para esclarecer quien fue el homicida, porque legalmente a partir de la sentencia la autoridad tiene ocho años, para tomar otras líneas de investigación que conduzcan a dar claridad a este crimen, que no debe quedar impune como ninguno otro a pesar de que la familia de la víctima no haya apelado la sentencia.
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Tampoco se tiene conocimiento de que Fernando R. M. quien siempre sostuvo que pretendieron “fabricarlo como culpable” haya iniciado una demanda contra las autoridades que llegaron a ofrecer como prueba un retrato hablado nada cercano a su fisonomía porque prefirió retomar su vida tras 25 meses de estar preso por un delito que se comprobó que no cometió. Así el Caso Sosa Cravioto no está cerrado, después de la absolución definitiva de Fernando R. M. y la PGJEH tiene la obligación legal y moral de retomar las investigaciones por el principio elemental de que no haya impunidad y porque la familia del joven profesionista merece una respuesta.
