Dos de las 33 personas detenidas durante el operativo realizado en la planta cementera Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, fueron vinculadas a proceso por los delitos de portación de arma de fuego y narcomenudeo, informó el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun.
El funcionario estatal detalló que el juez de control impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.
¿Qué pasará con los otros 31 detenidos?
Asimismo, señaló que otras 31 personas detenidas enfrentan cargos por desobediencia, resistencia de particulares, pandilla y portación de arma de fuego, mientras que una más es investigada por los mismos delitos, además de portación de arma de uso exclusivo del Ejército. La audiencia inicial continuará el próximo 19 de febrero a las 8:30 horas, cuando se definirá su situación jurídica.
Fernández Hasbun explicó que el despliegue policial se realizó la madrugada del 12 de febrero en cumplimiento de la orden judicial 40/2026, con el propósito de recuperar las instalaciones de la cooperativa, que permanecían bajo control de un grupo de trabajadores desde hace cinco años, en medio de un conflicto interno.
El operativo contó con el acompañamiento de la Policía Estatal de Hidalgo, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y tras su ejecución las 33 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Otras investigaciones en curso
El encargado de la Procuraduría indicó que este conflicto ha derivado en diversas investigaciones abiertas en Hidalgo y confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo presentó una denuncia por los daños ocasionados a patrullas durante la intervención.
Además, informó que existen dos carpetas de investigación relacionadas con presuntas agresiones a un reportero, así como por lesiones, robo y daño a la propiedad. Sobre el narcótico asegurado, señaló que corresponde a una cantidad considerada para suministro, aunque evitó precisar detalles debido a que el proceso judicial continúa en curso.
El titular de la Procuraduría aseguró que las investigaciones continúan conforme a derecho y reiteró que se dará seguimiento puntual a las carpetas abiertas por estos hechos.
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