El dirigente estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, aseguró que la filtración del video del excolaborador de la senadora, Simey Olvera Bautista, durante un operativo del alcoholímetro, fue con la intención de hacer escarnio político del tema.
En conferencia de prensa, aseguró que el clip fue con la intención de generar grilla política; sin embargo, darán vista al Comité de Ética del partido para que proceda conforme lo marcan los estatutos, ya que es reprobable el actuar del consejo estatal, Efraín Pedraza.
Cabe mencionar que el morenista, durante un operativo del alcoholímetro en Pachuca, fue detenido por policías municipales para realizarle la prueba de alcoholemia, la cual no pasó, por lo que no podía continuar su camino en su automóvil.
No obstante, el hombre alardeó diciendo que era “el perro de la Senadora (Simey Olvera)”, y adelantó que cuando llegue a la gubernatura se acordaría de la cara de los policías que le impidieron seguir manejando en evidente estado de ebriedad.
En ese sentido, Marco Rico reconoció que no hay controversia sobre el actuar de los uniformados, pues “quedó de manifiesto que nadie por encima de la ley, no al influyentísimo, no a la prepotencia; el charolazo es inadmisible, inaceptable”.
Por último, puntualizó que el actuar del consejero estatal no es compatible con los postulados del partido, por lo que hizo un llamado a funcionarios y referentes partidistas a moderar su actuar, que no caigan en el influyentismo, prepotencia y autoritarismo.
Señalamientos contra diputado federal y funcionario
Respecto a los señalamientos que se hicieron contra el diputado federal, Ricardo Crespo, y el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno del estado, Miguel Ángel Tello Vargas, respecto a los contratos que obtuvieron familiares con Infonavit para la construcción de viviendas para el Bienestar, el dirigente morenista aseguró que los procesos están conforme a Derecho.
“Cada uno ya fijó su postura, en donde no han tenido nada que ver en el proceso de adjudicación, habría que revisarse la manera en que se lograron las contrataciones y si se desprende que hubo influyentísimo, algún conflicto de interés, se tendrá que dar marcha atrás, y si no se acredita la intervención de los funcionarios, continuará.
“Es un tema delicado, porque hay la percepción que por ser familiar de funcionarios, los empresarios quedarían limitados a participar”, expresó.
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