Últimos “Diálogos”: lo ausente en la reforma
La temática no está incluida en la iniciativa de reforma al Poder Judicial no obstante incidir en la mejora de su eventual funcionamiento. Sin embargo, su inclusión en el programa fue importante, visibilizó elementos clave, indispensables, para el sistema de justicia necesario en nuestro país.
Defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía, impartición, procuración de justicia y seguridad pública, efectuados en Saltillo y Culiacán, respectivamente, fueron los dos últimos – de los nueve convocados por la Cámara de Diputados – “Diálogos” Nacionales para la Reforma del Poder Judicial.
En ambos hubo pronunciamientos por demás interesantes, dejaron en claro la urgente e inevitable necesidad de resolver los faltantes más sentidos por las y los justiciables, aquellos de la justicia cotidiana, los de obligada presencia a una agencia del Ministerio Público en reclamo de solución a tensiones menores o a una tragedia; igual a la petición de ayuda jurídica pública ante la carencia de recursos para pagar los servicios profesionales de la defensa privada.
En medio de esos, una problemática compleja: desde la inseguridad creciente en los años recientes, a las falencias de los cuerpos policiales, sean de cercanía o de investigación; hasta una abogacía falta de calidad profesional y ética a partir del bajo rigor educativo y la ausencia de controles del ejercicio profesional.
Y, notablemente, una procuración de justicia más intimidante y menos confiable para quienes la requieren, cuando debiera ser el sitio donde la cercanía fuera la suficiente para confiarle, si dudas ni temores, la representación ante los tribunales a fin de obtener el resarcimiento de los derechos violentados.
Más allá de la irrupción de un grupo de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal en demanda de ser escuchados, entre lo más destacado de las intervenciones escuchadas en Saltillo estuvo la de Ricardo Antonio Silva Díaz, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quien subrayó la importancia de la abogacía en el sistema de justicia, su responsabilidad en la defensa y representación, el demérito de la calidad profesional originado a partir de la proliferación de escuelas de derecho autorizadas por el Estado, y la conveniencia de la colegiación obligatoria.
Se sumaron opiniones sobre la ubicación orgánica de las defensorías públicas y la necesidad de aumentar sus capacidades humanas y económicas conforme a los estándares internacionales.
Lo manifestado en Culiacán no tuvo desperdicio. Fue reafirmación de una carencia en la necesaria reforma judicial. Esa omisión visibilizó la importancia del ejercicio del Ministerio Público como primer punto de contacto con la población vulnerada.
Dicho desde variadas ópticas y en diversos tonos, enfática o tímidamente, el problema quedó expuesto en toda su gravedad: mientras no se resuelvan sus atrofias no tenderemos el sistema de justicia reclamado. En similar situación van la seguridad pública, el desempeño policial y el funcionamiento penitenciario.
Si no a profundidad, cuando menos se enunció la necesidad de evaluar la pertinencia y viabilidad de las fiscalías autónomas, en cuyos resultados no se percibe precisamente el cambio pretendido con el tránsito, de la casi totalidad de las procuradurías del país, a ese modelo.
Esperemos, es lo deseable, un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, efectivamente incluyente de todo lo escuchado en el ejercicio de nueve diálogos a pesar de no haberlos sido del todo.
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