Tribunal omitió violencia del crimen organizado en conflicto minero

En un fallo que evidencia la vulnerabilidad institucional ante el narcotráfico, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos permitió en 2024 una votación por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la mina Camino Rojo, pese a denuncias de amenazas de muerte. Esta omisión se suma a la inacción de la STPS y la Seguridad Pública de Zacatecas, según consta en el expediente 758/2024.

Los trabajadores de la Sección 335 del Sindicato Nacional Minero alertaron formalmente sobre la falta de garantías de seguridad. Sin embargo, el secretario instructor Érick López Martínez desestimó las quejas, argumentando que no se identificó a miembros específicos del sindicato rival como ejecutores directos de las amenazas.

Hallazgos clave del T-MEC
A diferencia de las autoridades nacionales, el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC acreditó la coacción tras una investigación de dos años. Los puntos críticos revelados son:

Injerencia Patronal: Se señaló a la canadiense Orla Mining como responsable directa de permitir la violencia para favorecer al sindicato patronal Beneficio de Minas.

Vínculo con el Crimen: Es la primera resolución que documenta la relación entre el crimen organizado y una operadora minera para influir en la vida sindical.

Coacción Física: Se identificó a un subcontratista de AND Aroda del Bajío como responsable de agresiones contra los agremiados.

Pese a que la votación se realizó bajo este “efecto disuasivo”, el sindicato liderado por Napoleón Gómez Urrutia logró una suspensión judicial. El Centro Federal Laboral tiene ordenado abstenerse de reconocer a cualquier otro gremio, protegiendo así la titularidad del CCT frente a las violaciones de los Convenios 87 y 98 de la OIT.