Transporte convencional, la otra tormenta

Con la amenaza gubernamental del retiro de concesiones o por lo menos multas estrictas opera el transporte convencional que están entre la espada y la pared porque el cobro de un servicio puede hacer peligrar parte del negocio para algunos empresarios y políticos o el patrimonio de una familia que depende de una sola unidad para su supervivencia, porque una denuncia no distinguirá entre unos y otros, porque a Lyzbeth Robles Gutiérrez de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) le vale sombrilla como opere el transporte convencional.

Menos que a través del transporte público de pasajeros que dos millones de hidalguenses se movilizan a escuelas, trabajos, negocios y otras actividades productivas, porque no se puede explicar de otra manera que hayan transcurrido seis meses y no se hayan determinado las nuevas tarifas para el servicio individual o taxis y sólo se hayan considerado nuevas tarifas para el transporte colectivo.

Existe un creciente número de quejas de usuarios sobre las tarifas de los taxis, acusan cobros excesivos por “dejada” y apuntan a los operadores, pero esta anarquía es responsabilidad de la Semot al no definir nuevas tarifas, pero eso sí amenazar en privado con abrir la puerta al servicio de aplicación y de cancelar concesiones si existen abusos y mal servicio a los usuarios.

La anarquía empieza por la Semot, cuando la gran mayoría de los concesionarios y operadores desconocen quien es el director general del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) es decir el doctor José Antonio Pérez Sánchez quien sustituyó al sommelier Elías Fernández Chequer quien nadie sabe cómo llegó en lugar del exdiputado local Víctor Osmid Guerrero Trejo, tres etapas que hundieron más y más a esta dirección.

Lo extraño que al llegar este gobierno si una dependencia tenía un diagnóstico y estructura para operar sin contratiempos era la Semot, recepcionada en el proceso entrega-recepción por la empresaria Martha Patricia Briseño Ortiz, cuya familia tiene experiencia como concesionaria del transporte público y es esposa del secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reyna.

Por lo que luego de resolver lo del transporte masivo el titular del Ejecutivo, tendrá que entrarle al ruedo para meter orden y ser justo con un sector estratégico como el transporte convencional que además del servicio que presta, de él dependen no menos de 20 mil familias.

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crs