Transitar a una fiscalía autónoma

El punto de partida es una motivación muy sólida, basada en números, hechos y resultados de la procuración de justicia; partamos de una realidad medible, comprobable, sin apreciaciones subjetivas.

En el ejercicio convocado por las comisiones de Seguridad Ciudadana y Justicia, y de Legislación y Puntos Constitucionales, la motivación no puede quedar sujeta a valoraciones personales, deben escucharse las razones técnicas, políticas, sociales, disidentes, partidarias, académicas, todas, porque la procuración de justicia impacta a la población en general. 

Hay dos posibilidades: una reforma espejo, que solamente incorpore conceptos y normas, de un ordenamiento a otro. Es una posibilidad muy rápida, resuelve el problema en unos días, ver lo vigente y trasladarlo a nuestro espacio. Lo más sencillo pero lo menos recomendable; suponer que es lo mismo resolver problemas en la Sierra de Chihuahua, que en el Golfo de México. No es así. Por eso somos un Estado federal.

Otra vía es crear una nueva institución que marque la diferencia entre lo que tenemos hoy y lo que necesitamos en la era poscovid. Que auténticamente impacte con un nuevo modelo  de  procuración de justicia.

Las y los legisladores deben tomar en cuenta dos claves fundamentales: la nueva institución debe construirse con sentido federalista, una Fiscalía para Hidalgo, con estándares internacionales. Valoremos si nos conviene una Fiscalía dividida como la que hoy tenemos en dos regiones, concentrada o desconcentrada; si requerimos más fiscalías especializadas o las fiscalías electoral y anticorrupción o si necesitamos una para personas de la comunidad LGBTTT, u otra para protección de animales, o no necesitamos nada de eso.

Lo deseable es una Fiscalía innovadora, diferente; que la aportemos desde Hidalgo al sistema de procuración de justicia del país, algo nuevo, novedoso, algo que a las y los hidalguenses les sirva de acuerdo con nuestras propias características.

La segunda clave, fundamental para construir su autonomía, es la democrática, que establezca en la Constitución, las correas que la van a sustentar, no solamente para el nombramiento de sus titulares, también para sostenerles frente a la autoridad; sería ingenuo  ignorar que esos procesos despojan de poder, del gobierno.  En un país con juego democrático no tenemos toda la certeza de que las y los gobernantes vayan a respetarla.

En Hidalgo hay antecedentes destacables:

Las autonomías técnica y administrativa. La primera es la más valiosa porque impide que desde el poder se presione al Ministerio Público en uno u otro sentido. Ya la tenemos.

Otro es el nombramiento del procurador o procuradora que hace el Congreso. Transitamos de un siglo a otro, con un modelo que desde 1995 despojo al Gobernador del nombramiento directo. No es dato menor, lo hicimos antes que en el orden federal. Ahora analicemos si han sido buenas o no las elecciones del Congreso, para decidir si se mantiene la  facultad o se elimina si no ha funcionado, para trasladarla, por ejemplo, a los 84 ayuntamientos. ¿Les parecería inviable, para que la o el fiscal sea realmente autónomo elegirlo mediante elección  directa?

Hay otros dos aspectos a tomar en cuenta: el jurídico, para redactar las normas conforme a los antecedentes y necesidades. Es un tema crucial por su eventual impugnación en los tribunales federales. En este rubro consideremos el Nuevo Sistema de Justicia Penal pues el actual modelo de procuración está diseñado conforme al sistema tradicional.

Otro aspecto complejo, es el orgánico,  lo administrativo. Si el órgano de procuración de justicia no tiene patrimonio, su autonomía será endeble.

Y, por supuesto importa valorar la viabilidad y la oportunidad del tránsito en la coyuntura política.

El principal reto es al mismo tiempo una oportunidad: migrar a una institución que se lleve de la otra todo lo bueno acumulado en cien años, sin acarrear sus negativos por un diseño apresurado, sin planeación.