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Un lustro hace, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 10 marzo Día Internacional de las Juezas. La motivación fue la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas son contribución decisiva al progreso; además el número, entonces relativamente pequeño, de mujeres juezas y en cargos directivos superiores de la judicatura en todos los niveles; y el compromiso de aplicar estrategias y planes nacionales apropiados y eficaces para el adelanto de la mujer en los sistemas e instituciones de justicia.
El tema de la ONU en 2026, “Para conseguir justicia, necesitamos más mujeres en la Justicia”, corresponde a la permanencia de una infrarrepresentación de las mujeres juezas, en cargos directivos superiores de la judicatura.
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Reitera: “La representación de las mujeres en el Poder Judicial es fundamental para garantizar que los tribunales representen a sus ciudadanas y ciudadanos, aborden sus preocupaciones y dicten sentencias sólidas. Con su mera presencia, las juezas aumentan la legitimidad de los tribunales, enviando una poderosa señal de que están abiertos y son accesibles para quienes buscan recurrir a la justicia.”
Y destaca tres planos del avance de las juezas hacia la igualdad: garantiza el desarrollo del sistema jurídico con toda la sociedad, inspira y motiva a la próxima generación de juezas a alcanzar sus objetivos; invertir en el avance de los derechos femeninos y los liderazgos judiciales de las mujeres para garantizar mejor justicia y goce social igualitario de ese derecho; y, es indispensable para lograr igualdad, desarrollo sostenible, paz y democracia.
La International Association of Women Judges, fundada en 1991, eligió como lema de la conmemoración “Juezas en el poder y más allá. Protegiendo el acceso a la justicia”, considerando el actual, un momento mundial para reconocer los avances logrados en la representación femenina en los poderes judiciales y reafirmar el trabajo pendiente para lograr una auténtica igualdad ante la ley.
Así destaca el liderazgo de las juezas en los tribunales como en las instituciones y sus comunidades, con su trabajo para fortalecer la confianza pública, defender el estado de derecho y ampliar el acceso universal a la justicia, en especial para poblaciones vulnerables y marginadas.
La ocasión obliga una mirada a la realidad mexicana en sus planos federal y regional. Apenas en 2023, una ministra fue elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus propias palabras fue “el rompimiento de un inaccesible techo de cristal”. Enfriadas las pasiones políticas, habrán de identificarse los diversos factores determinantes para la brevedad de su presidencia. Uno, el más visible, fue la carencia de empatía con el hecho mismo y la antipatía explícita, rayana en la violencia de género a la persona y por ende a la institución, al extremo de decisiones de otro calado, en atropello de derechos y carreras judiciales de las juzgadoras mexicanas.
Contraste local. En Hidalgo, las tres más recientes presidencias del Tribunal Superior de Justicia han sido de magistradas, antecedidas de la primera hace casi veinte años. Hoy está integrado por dieciocho magistraturas, 10 de mujeres; y 66 de 110 juzgados a cargo de juezas.
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Ambas instancias tienen mayoría de juzgadoras en porcentajes superiores a la media de Europa y América donde son de 54% y 51%, respectivamente. Ventajas del federalismo.
Si, como observa la ONU, la presencia de juezas en espacios donde históricamente estaban excluidas, abona a la percepción social de poderes judiciales más transparentes, inclusivos y representativos de las personas cuyas vidas afectan; su experiencia jurisdiccional es potencial aprovechable en otros espacios del servicio público.
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