Taxistas y choferes: una deuda pendiente en la 4T
Sin Protocolo
Una de las más grandes injusticias en Hidalgo recae sobre los hombros de los choferes de taxis y transportes colectivos. Estos trabajadores, que rara vez tienen la oportunidad de ser dueños de las placas de los vehículos que conducen, terminan sirviendo a los poderosos que monopolizan el acceso a los permisos y se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, sin acceso a la seguridad social.
La Cuarta Transformación, que se propone trabajar en favor de los más desfavorecidos, debería abordar esta situación y garantizar que estos trabajadores tengan acceso a una pensión y a una protección social digna. Es fundamental que exista una política que asegure a estos choferes, permitiéndoles una vida laboral que no los deje desprotegidos en el futuro.
Además, es urgente que se establezca un mecanismo para que quienes verdaderamente operan las unidades de transporte puedan acceder a las placas de manera justa y transparente, abriendo oportunidades de trabajo legítimas para quienes más las necesitan.
Actualmente, una minoría concentra la mayoría de los permisos, lo que impone barreras casi inquebrantables para quienes no pueden pagar más de 400 mil pesos para obtener una concesión. Esta concentración de permisos y la falta de acceso justo al sistema de concesiones perpetúan un ciclo de explotación en el que los propietarios gozan de beneficios mientras los conductores viven con incertidumbre laboral.
El reciente incidente en el que un transporte de la ruta Tilcuautla-Colonia Guadalupe se estrelló contra un muro de contención en la Supervía Colosio, cerca de Las Palomas, en Mineral de la Reforma, es un ejemplo de las condiciones laborales que enfrentan estos trabajadores. El conductor admitió haberse quedado dormido al volante, una consecuencia comprensible cuando se espera que trabajen más de ocho horas diarias sin los derechos básicos que cualquier otro trabajador debería tener.
Es momento de que la Cuarta Transformación ponga en su agenda la situación de los choferes de transporte público, y se comprometa a establecer un sistema justo que otorgue seguridad y un futuro mejor para estos trabajadores. La realidad actual es que los dueños han convertido los permisos en una caja chica rentable, mientras los choferes, quienes sostienen el servicio, ven pasar su vida sin acceso a un mejor porvenir.
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